Home
El Eco
Noticias
Juridico
Senderismo
Conocer
Planos y mapas
La Asociacion
Estatutos
Enlaces
Contacto
Casas rurales, hoteles, cortijos,
y otros servicios
en el Parque

Visita nuestros Patrocinadores
  Camisetas de la Asociación
Diferentes tallas, modelos y colores
Descúbrelas
y cómpralas
 
Síguenos en

Webdesign: espacioazul.net

 
 
 
 

Concursos mineros: un sinsentido medioambiental

La fiebre minera que viene padeciendo el ejecutivo andaluz en los últimos años ha alcanzado el delirio jurídico con el anuncio de la presidenta Susana Díaz y la publicación el pasado mes de diciembre de 8 nuevos concursos públicos de registros mineros en las 8 provincias andaluzas, con un total de 367 permisos de investigación y concesiones de explotación que estaban caducados y que afectan gravemente a espacios naturales protegidos.

En la provincia de Almería estamos hablando de 113 registros, de los cuales más de la mitad (59) se encuentran total o parcialmente dentro de Espacios Naturales Protegidos. Entre los espacios almerienses protegidos afectados por este concurso se encuentran el Parque Nacional de Sierra Nevada (explotaciones de hierro), el Paraje Natural de Tabernas y el Karst en Yesos de Sorbas (explotaciones de yeso), o el Parque Natural de Sierra María-Los Vélez (explotaciones de caliza marmórea).

Especialmente sangrante es el caso del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar con una veintena de concesiones. También seis Lugares de Interés Comunitario (LICs) están afectados por concesiones, entre los que destaca Sierra Cabrera-Sierra de Bédar, limítrofe con el PN de Cabo de Gata por el Norte y con el Karst de Sorbas por el sur, este y norte.

En espacios como estos, que tienen su mayor activo en los valores naturales y paisajísticos, es inaceptable la autorización de explotaciones mineras, incompatibles con la conservación de los mismos. La propia normativa que protege estos espacios es un ejemplo claro de la imposibilidad de llevar a cabo los propósitos de los concursos mineros convocados.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, en un juego estrictamente electoralista, no duda en engañar incluso a los posibles inversores mineros, ofreciéndoles unos terrenos para ejercer una actividad minera que, en muchos de los casos, como el de Cabo de Gata, está expresamente prohibida por los Planes de Ordenación. En este sentido la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha ignorado hasta su propia planificación minera recogida en el PORMIAN y en la Nueva Estrategia Minera que delimita como incompatible la actividad minera en todos los Parques y Parajes Naturales. Para más inri, La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha convocado estos concursos sin realizar previamente el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental y, por tanto, sin la participación social obligada por la legislación.

Foto : Minas de yesos en Sorbas © OM
 

Actuaciones de Ecologistas en Acción y Amigos del Parque contra los concursos
Los concursos convocados contravienen la Directiva Hábitas, la Ley de Patrimonio Natural y la legislación europea y española en materia de Evaluación Ambiental Estratégica. Por estos y otros motivos, todos estos concursos fueron impugnados por Ecologistas en Acción y Amigos del Parque ante el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el pasado enero.
Ante el revuelo generado en la Consejería por la presentación de un total de 17 recursos de alzada en toda la comunidad autónoma, el lunes 1 de febrero, a petición de la Directora General de Minas, María José Asensio, se reunieron miembros de Ecologistas en Acción con responsables del citado departamento. Dichos responsables públicos mostraron su sorpresa por la reacción ecologista, pero más sorprendidos e incrédulos se mostraron éstos ante las explicaciones recibidas; como manifestó uno de los asistentes: “parece que nos toman por tontos”.

Las explicaciones, hechas públicas en un comunicado por la D. G. de Minas, son fácilmente rebatibles. Por ejemplo, es totalmente falso que exista ninguna obligación en la legislación minera de sacar a concurso los derechos caducados. Los responsables de minas callan capciosamente otras opciones legales como la calificación de “no registrables” para terrenos de interés público que, sin duda, es la opción más razonable para el caso de los derechos mineros situados en espacios naturales protegidos. Por otro lado, el procedimiento que la Junta sigue es un ejercicio contrario a la transparencia pues se han negado a mostrar los informes del Gabinete Jurídico que sustentan la convocatoria del concurso.

La única explicación creíble a tamaña barbaridad es la meramente electoralista. A menos que la estrategia escondida de la Presidenta sea favorecer la especulación minera incrementando la presión para la desprotección ambiental de Andalucía, siguiendo el fracasado modelo de la especulación urbanística que tanto ha castigado los valores ambientales de la costa andaluza.
Tal y como se esperaba, la Consejería ha resuelto desestimar los recursos de alzada presentados (en el momento de escribir esto aún no se ha recibido respuesta a todos) y Ecologistas en Acción muy probablemente presentará recurso Contencioso-Administrativo ante una resolución que no responde de forma satisfactoria a los argumentos de los recursos de Alzada.

Conclusiones
La creación de empleo a cualquier precio resulta costosa y contraproducente a medio y largo plazo tanto a nivel social como ambiental. El reciente ejemplo del proyecto Castor lo demuestra. A la hora de reactivar la actividad minera en estos espacios en base a unos registros originados en tiempos pasados, la Administración no valora adecuadamente la nueva realidad ambiental y social y no valora que la minería es una actividad depredadora del territorio y excluyente de otros usos más sostenibles y compatibles con los valores que han originado la protección de estos espacios. Estos usos sostenibles son capaces de generar en el tiempo un empleo más extensivo y de mayor distribución social de riqueza.

Finalmente sólo se han solicitado tres permisos para explotación del mármol, en gran parte gracias al planteamiento de recursos por nuestra parte y de la campaña que hemos hecho, no habiéndose presentado solicitudes al concurso en ninguna zona protegida. Todo ha sido un fracaso de la Junta, puro electoralismo sin pies ni cabeza. La obligación de la Consejería, tal y como se comprometió en la reunión que tuvimos con ellos, es descatalogar todos los registros que hayan quedado desiertos. Lo cual pedimos y exigiremos. Esto libraría al Parque y a todas las zonas protegidas se ese fantasma de una vez para siempre.

Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar