Los tribunales han dado la razón a las organizaciones ecologistas que advertimos que este decretazo era manifiestamente ilegal y que sólo pretendía, en plena crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, fomentar el urbanismo salvaje en los parques naturales.

Sorprendentemente, nadie ha asumido responsabilidades políticas por este revés jurídico y político, ni por haber aprobado un decreto que se habría convertido en un arma en manos de especuladores urbanísticos y ayuntamientos corruptos, con gravísimas consecuencias en los 24 parques naturales andaluces.

De no ser por la firme oposición de las organizaciones ecologistas, que fue muy criticada por los responsables de la Consejería de Medio Ambiente con todo tipo de descalificaciones, este despropósito se habría consumado. Hasta la fecha, no hemos recibido disculpa alguna de los máximos responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ni reconocimiento por la labor realizada para impedir la aplicación de un decreto ilegal.

Esta asociación presentó un escrito al Director Conservador del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar con fecha de 23 de Septiembre de 2015 instándole a que adoptara las siguientes medidas :
1. Que se den instrucciones a todos los servicios de esa Consejería, delegaciones territoriales y oficinas de los parques naturales para que, de forma inmediata, se deje de aplicar este decreto ilegal.
2. Que se nos informe de las medidas que va a adoptar esa Consejería en relación con las miles de autorizaciones aprobadas en base a este decreto ilegal.
3. Que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio renuncie definitivamente a modificar las normas legales de los parques naturales para favorecer el urbanismo especulativo
4. Que, en base a lo estipulado en los arts. 145 y 146 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se exija a los mencionados responsables públicos que aprobaron, aplicaron y recurrieron las sentencias contra este Decreto ilegal, las correspondientes responsabilidades patrimoniales, con la reposición a las arcas de la Junta de Andalucía de la totalidad de los gastos devengados por los mencionados recursos judiciales.

Asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar