La Fiscalía de Urbanismo alerta de que la corrupción es más sofisticada y se desplaza al interior

EL PAÍS 27/05/2008 - Rafael Méndez - Madrid.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha pedido al Gobierno que reforme el Código Penal.

El fiscal ha pedido al Ministerio de Justicia que añada un nuevo apartado en uno de los artículos del Código Penal contra la malversación: "La Autoridad o funcionario que diere al suelo [...] destinados a satisfacer fines de primera necesidad o relacionados con la sostenibilidad, una aplicación distinta a la que le corresponda, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años". La redacción permitiría ir también contra las recalificaciones abusivas de suelo protegido.

El informe señala que la corrupción urbanística es cada vez más sofisticada. En algunas provincias "se ha observado un progresivo aumento del carácter organizado de las conductas delictivas vinculadas al urbanismo, probablemente al amparo de la generalizada sensación de impunidad" y "han aflorado conductas delictivas que por su carácter complejo y organizado van más allá de lo que hasta ahora eran los comportamientos delictivos detectados".
Ya no se trata de un particular que construye un chalé en suelo rústico, sino que se trata de grandes construcciones (urbanizaciones enteras) con aval de arquitectos, técnicos, ayuntamientos, entidades bancarias... A menudo, detalla el texto, las investigaciones empiezan en Medio Ambiente y acaban en Anticorrupción, como ocurre en Baleares.

Una de las quejas más repetidas por los fiscales de Medio Ambiente es la falta de colaboración de ayuntamientos y autonomías. Los que no colaboran son muchos más, la excepción son los que colaboran. Alguna fiscalía denuncia que los ayuntamientos tienen "una actitud más bien complaciente y poco beligerante" con estas infracciones. Y aunque la actitud de las autonomías ha mejorado, los municipios siguen siendo reacios a perseguir la corrupción. "La actuación de las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística, fundamentalmente los ayuntamientos, no tiene lugar en la forma que sería de desear. Ya no sólo por la inaplicación generalizada de la demolición de las construcciones [...] sino como una palmaria dejación de las facultades de inspección previa, de sanción y de restablecimiento de la legalidad".

Complicidad social con la corrupción en Almería

La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007, de 75 folios, destaca que las condenas por delitos ambientales y urbanísticos han pasado de 302 en 2006 (148 por urbanismo) a al menos 414 en 2007 (190 por urbanismo). El aumento en condenas es de un 37% en el segundo año del funcionamiento de la Fiscalía de Medio Ambiente.

El ritmo de aumento difícilmente se pueda mantener, ya que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dado al traste con proyectos inmobiliarios. Así, la fiscalía de Almería ha pasado de 118 diligencias penales en 2006 a 88 en 2007. La memoria de Almería señala entre las causas "el descenso de la producción del sector de la construcción experimentado a nivel nacional que lógicamente habrá repercutido en la edificación de viviendas ilegales".

Uno de los puntos más llamativos es la crítica de que en Almería existe una complicidad social con la corrupción urbanística, en especial con la construcción de viviendas ilegales. "La pasividad, cuando no complicidad, de autoridades y funcionarios de las diferentes Administraciones y de cuantas personas y entidades están llamadas a ejercer un control sobre esta materia, abonándose con ello el terreno para la corrupción públicos y privados. Entre los primeros llama la atención la actuación de cargos, representantes y funcionarios de ayuntamientos, ya imputados en algunos casos, y entre los segundos, profesionales (arquitectos, ingenieros...) gestores, compañías suministradoras de servicios, como el agua, la electricidad y otros que incumpliendo sus obligaciones han favorecido esa ilícita actividad, dando lugar a lo corrupción privada".

Y prosigue: "En esta situación de pasividad se encontraría también la sociedad, que salvo excepciones de organizaciones ecologistas o algún particular que han denunciado actuaciones ilegales, ha permanecido indiferente". En Almería hay pueblos, como Zurgena, con todos los ediles imputados por permitir pisos ilegales.