Tras dos aplazamientos, se celebró, el día 26 de abril, en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Almería, el juicio oral contra la letrada de Ecologistas en Acción Pilar Rodríguez por un presunto delito de calumnias e injurias, denunciado por el juez de lo contencioso-administrativo nº 1 de Almería, Tomás Cobo Olvera, quedando visto para sentencia. El presunto delito parte de un recurso de apelación que la letrada presentó contra una sentencia de dicho juez que ratificaba actuaciones del Ayuntamiento de Níjar contrarias a la ley, que el juez interpretó como una ofensa personal, iniciando un procedimiento penal contra la abogada de Ecologistas en Acción, quien desde el principio ha reiterado sus más sinceras disculpas al juez, si hubiera podido sentirse molesto u ofendido, al no haber sido esa su intención.

En cualquier procedimiento y ante cualquier jurisdicción, los letrados tienen el deber y la potestad, en uso de la libertad de expresión, de argumentar cuantas cuestiones consideren oportunas en defensa de los intereses que le han sido encomendados, al amparo de la Constitución Española, así como de una amplia jurisprudencia al respecto, como el Letrado de la defensa ha expuesto a lo largo de este Juicio, citando al fiscal general del Estado, que dice que el derecho de defensa excluye el de ofensa.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a pesar del contexto no neutral en que se desarrolló la apelación, siendo perfecto conocedor de que el juez, cuya resolución le estaba siendo discutida, había denunciado a la letrada de una de las partes, revoca la sentencia dictada por el juez Tomás Cobo, condenando al Ayuntamiento de Níjar por “desviación de poder”, sin que los magistrados del Alto Tribunal Andaluz plasmen en su definitiva sentencia ninguna consideración negativa hacia la actuación de la letrada en cuestión.

Durante el desarrollo del juicio contra la letrada de Ecologistas en Acción, el Ministerio Fiscal ha sido extremadamente duro con la acusada, llegando a manifestar frases como “las graves imputaciones que se están vertiendo sobre el Ayuntamiento de Níjar”. Por el contrario, ha mantenido un trato especialmente correcto con los testigos aportados por la acusación, mientras que ha denostado públicamente a los aportados por la defensa, tres de ellos letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Almería. Olvida el Ministerio Fiscal que el Ayuntamiento de Níjar ha sido ya condenado por “desviación de poder” en tres ocasiones por el TSJA, por perjudicar intereses de activistas ecologistas, dos de cuyas sentencias obran en las actuaciones y por tanto son conocidas del Ministerio Fiscal.

Según comunicado de prensa del pasado 24 de abril, el diputado de Los Verdes, Francisco Garrido ha solicitado una reunión con el fiscal superior de Justicia de Andalucía para analizar la situación de acoso judicial que padecen en Andalucía los movimientos ecologistas y ciudadanos. Ese mismo día el diario El País publicaba un artículo titulado “Decenas de cargos públicos implicados en causas judiciales repiten como candidatos”. En referencia al alcalde de Níjar, afirma: “El de Níjar (Almería), Joaquín García Fernández (PSOE), lo está por malversación, prevaricación y falsedad en la cesión de terrenos del parque natural del Cabo de Gata”. La Fiscalía, conocedora de todos estos hechos, prefiere sin embargo acusar y enjuiciar a la letrada ecologista, por un recurso de apelación en el que se limita a hacer uso de su libertad de expresión en el ejercicio de la defensa.

Consideramos, con todos los respetos, que el Ministerio Fiscal debería centrar sus esfuerzos en perseguir e imputar a los presuntos delincuentes que el propio TSJA condena, en vez de acosar a los activistas ecologistas y a sus letrados, que defienden el interés general y facilitan la identificación de auténticos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.

Pilar, todos estamos contigo.

Ecologistas en Acción y Amigos del Parque