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Nueva Ley de Costas en contra del interés público

Una ley donde priman la defensa de los particulares sobre el interés público.

El pasado 10 de mayo en una visita a Jaén el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete remarcaba que la nueva Ley de Costas: “es una ley que no permite nuevas construcciones en el litoral, que garantiza mucho más que no va a haber aberraciones como el tema del Algarrobico y que, además, lo que hace es dar seguridad jurídica a los que adquirieron sus viviendas antes de 1988 de buena fe, las inscribieron en el registro de la propiedad y ahora en el año 2018 verían que habría que derribarlas".

El ministro argumentaba que en la nueva legislación “No hay un solo artículo de la ley que permita nuevas construcciones en el dominio público marítimo terrestre ni en la zona de servidumbre”.

Lo denunciábamos antes de su aprobación, la nueva ley profundiza en la desnaturalización de los ecosistemas costeros y agrava la presión urbanística, dando prioridad a los intereses particulares sobre el interés general. El nuevo texto, ignora los efecto del cambio climático y reduce la servidumbre de protección de 100 a 20 metros y prolonga las concesiones hasta un periodo de 75 años.

Creemos que esta Ley de Protección y Usos Sostenibles del Litoral y Modificación de la Ley de Costas favorece los intereses privados y especulativos en detrimento del bien público, mediante la modificación del dominio público marítimo-terrestre, la reducción de la servidumbre de protección y la ampliación del plazo de las concesiones.
Con la nueva normativa se excluyen del dominio público marítimo-terrestre ecosistemas importantes como son las marismas mediterráneas, las salinas, las esteros, las zonas inundables y las dunas.

Los defensores argumentan que en la nueva normativa, se aumenta la protección de las playas naturales o vírgenes y se diferencian de las playas urbanas. Estas últimas contarán con una mayor flexibilidad a la hora de regular las instalaciones turísticas o en la celebración de eventos y otras actividades.

 

Fotos:
Construcciones © MA
Playa de Los Muertos © MA

Pero hemos querido conocer la opinión de algunos expertos, y que mejor que recurrir al Segundo Simposio de Actualización en Derecho Administrativo, Planificación y Protección del Litoral, que se ha desarrollado hace poco en la Universidad almeriense. Allí, el catedrático en esta materia de la Universidad Juan Carlos III, Juan Francisco Pérez Gálvez defendía que la anterior normativa de Costas era buena y estaba bien planteada porque permitía corregir los excesos que se habían cometido con anterioridad y frenaba los desmanes urbanísticos futuros. Para este experto: "España vivió un punto álgido en 2007 cuando se aprobó la construcción de tres millones de viviendas en los municipios de la costa". Hay que recordar que en los diez primeros años de este siglo las urbanizaciones crecieron en nuestro país en un 25,4 por ciento, mientras que la población sólo lo hacía en un 5 por ciento.

Por su parte, el profesor en Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Prieto, tras analizar la nueva normativa, entre otras cosas, se pregunta por qué a la hora de redactar y aprobar una nueva normativa costera no se ha tenido en cuenta el informe sobre la Evaluación de la Política de Costas elaborado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicado en el año 2012, durante el periodo de tramitación del anteproyecto de la nueva Ley de Costas. Prieto recuerda que este informe señala la existencia de una enorme presión sobre los ecosistemas costeros y que, en la actualidad, se encuentran en una situación de no retorno por el aumento de la urbanización en la costa y la contaminación. “Es decir, se deben de reducir esas presiones por ser un recurso estratégico para el turismo y otros sectores económicos claves”. Sin embargo, la nueva Ley de Protección y Usos Sostenibles del Litoral permite un “incremento de la presión proponiendo una gran desamortización del litoral, tanto amnistiando algunos municipios como privatizando salinas, dunas y reduciendo a 20 metros las zonas de construcción en muchas zonas de España”.

Asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar