La Mesa de trabajo constituida por mandato de la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en la que está integrado un miembro de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en representación de Ecologistas en Acción, con el objetivo de intentar plantear una solución al peligro de derrumbe de este emblemático edificio, ha celebrado cuatro reuniones de trabajo, y está a la espera de realizar la última para determinar una propuesta que será remitida a la Junta Rectora.

En la última reunión, se acordó que el presidente de la mesa, el geógrafo Rodolfo Caparrós y el experto de la Junta Rectora, el abogado Abel Lacalle se reunieran con universidad y delegación de gobierno de la Junta de Andalucía, para ver su disponibilidad a participar en una fundación y a trabajar por conseguir la titularidad pública del cortijo. De momento, se ha mantenido el contacto con la Universidad y, el rector, Pedro Molina, quien en un breve plazo de tiempo abandonará su cargo al cumplir su mandato, dio el apoyo de esta institución. En la actualidad, se está a la espera de la otra reunión. Cuando se produzca, se volverá a reunir la mesa de trabajo para conocer la postura de la administración autonómica con respecto al futuro del cortijo.

En esa quinta cita, el representante de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a instancia de la mesa, llevará un borrador de propuesta, donde se recogerá las decisiones adoptadas hasta ese momento: la defensa de la titularidad pública. La mayoría de miembros apuesta por la cesión del propietario por un periodo de 50 a 80 años, ya que la expropiación defendida por el representante ecologista alargaría mucho los plazos. En cuanto a la adquisición, todos los participantes, entre los que hay mayoría de miembros de los distintos departamentos de la administración autonómica, pensaban que las entidades públicas ni disponen de suficiente presupuesto económico para la compra del inmueble. El representante del propietario indicó que el coste actual está en un millón de euros, al que hay que sumar otro millón correspondiente al valor histórico-cultural del edificio. En estos 20 años de explotación agrícola de una finca de casi 500 hectáreas, la empresa había dado suficiente muestras del nulo interés en conservar este valor etnográfico y cultural. Tampoco las distintas administraciones (local, provincial, regional y nacional) habían mostrado su interés por la conservación del inmueble.

El mayor problema es que cada día el deterioro del conjunto se encuentra en peor estado, y aunque la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha aprobado varios expedientes sancionadores contra el propietario, lo único que se ha hecho es cerrar con una valla metálica el edificio, para impedir que los numerosos curiosos que cada día lo visitan sufran algún accidente.