Os resumimos y comentamos aquí el informe sobre la situación urbanística de Andalucía que el Defensor del Pueblo andaluz ha presentado el 9 de febrero de 2011.

Para su redacción se ha tomado en cuenta la experiencia de más de 20 años en la tramitación de quejas contra los ayuntamientos y Junta de Andalucía formuladas por ciudadanos.

Lo primero que destaca el Defensor es la tardanza de nuestra Comunidad Autónoma en dotarse de legislación en materia de ordenación del territorio. Esto no ha sucedido hasta fecha muy reciente con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y con la aprobación del Reglamento que la desarrolla, de 16 de marzo de 2010.

En lo que se refiere al contenido de la regulación del suelo en Andalucía, se pone de relieve que gran parte de los planeamientos que hoy podemos considerar exponente de un modelo de crecimiento urbanístico insostenible, obtuvieron el beneplácito tanto de ayuntamientos como de la propia Junta de Andalucía.

Por ello, habría que evaluar con rigor estos planes antes de su aprobación en términos ambientales y de sostenibilidad. También se recomienda frenar el altísimo grado de consumo del suelo que se produce como consecuencia de la previsión de urbanizaciones horizontales con fines residenciales, sean viviendas unifamiliares o adosadas.

Refiriéndose a nuestro litoral el Defensor del Pueblo se refiere a un proceso gravísimo de depredación. “El valor excepcional de nuestro litoral y su extraordinaria fragilidad se han visto gravemente dañados por la ocupación máxima de amplísimos espacios contiguos o muy cercanos al dominio público marítimo-terrestre”.

El Defensor andaluz propone la aprobación de una moratoria urbanística de prohibición de cualquier tipo de construcción de uso particular que abarque, al menos, la denominada zona de influencia.

Este organismo insta a la Junta de Andalucía a recuperar las usurpaciones que se han realizado durante años de un suelo que es de todos, el de dominio público marítimo-terrestre y conmina a la Junta a que termine el deslinde de este suelo, del que todavía queda un 15 o 20% por realizar.
Al tiempo de redactar este informe había más de 1.000 urbanizaciones ilegales en Andalucía. Se trata de un problema de “extraordinaria entidad que muy pocos municipios han abordado con la seriedad y rigor necesarios”, por lo que continúa presente en diversas partes de Andalucía.
Denuncia igualmente el Defensor que no se hayan utilizado los años de extraordinaria bonanza económica para solventar el problema de la demanda de vivienda protegida y que es una exigencia constitucional. Todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna y adecuada.
Se lamenta de que los ayuntamientos no presten atención y protejan a los inquilinos que son objeto de mobbing inmobiliario por parte de los especuladores presentes en los cascos históricos, así como de la pasividad municipal a la hora de exigir responsabilidades por incumplimiento de la función social de la propiedad a los titulares de solares sin edificar y de edificaciones ruinosas.

“No debemos silenciar la extraordinaria frecuencia con la que diversos ciudadanos, y a veces responsables públicos, vulneran la legalidad urbanística”. Se comprueba que con bastante frecuencia los responsables municipales inician expedientes sancionadores que no concluye o que no ejecutan. Hay que abordar con contundencia la construcción de viviendas aisladas en suelo no urbanizable. Para ello recomienda que las administraciones públicas lleven estas actuaciones a los tribunales penales, sean parte en el procedimiento y pidan su demolición.
Igualmente se recuerda a las Administraciones la obligación que tienen de suministrar a los ciudadanos la información urbanística que soliciten, cumplir con los trámites de información pública y especialmente en el caso de las modificaciones puntuales del planeamiento, que pasan desapercibidas para los ciudadanos y afectados.

Concluye el informe refiriéndose al apartado de infraestructuras y la necesidad de controlar y acondicionar los sistemas de depuración de aguas en los municipios costeros; que en los planes urbanísticos se evalúe con rigor el tema de infraestructuras, tal como exige la ley desde hace décadas y que se acometa de una vez el plan de accesibilidad.

Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

Texto del informe en:
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=55933