Y
como no se puede construir en el suelo en
que está ubicado, ES ILEGAL.
Lo que sí es muy, pero que muy confusa
es la actuación de las Administraciones
implicadas y sobre todo de la Junta de Andalucía.
Las
distintas asociaciones ecologistas hemos
iniciado numerosos procedimientos judiciales
que siguen su curso. La espera en estos
casos siempre es larga, pero empieza a parecernos
demasiado larga. Es más, no estamos
seguros de que vaya a tener un final feliz
y el hotel de El Algarrobico finalmente
sea demolido. Ni siquiera tenemos seguridad
de que se vaya a mantener la suspensión
cautelar de las obras, ahora paralizadas.
Por
el momento, no tenemos noticias de que ninguna
Administración de las implicadas,
Ministerio de Medio Ambiente y Junta de
Andalucía (la postura del Ayuntamiento
de Carboneras es de apoyo total a ésta
y otras construcciones), hayan reconocido
que el hotel de El Algarrobico y todo el
sector donde se ubica (estando previstas
en ese mismo sector muchas otras viviendas)
es suelo no urbano según el PORN
vigente.
Por
el contrario, las Administraciones hablan
de expropiar la zona de la construcción
que invade los 100 mts de la servidumbre
de costas, de recuperar la propiedad mediante
el ejercicio del derecho de retracto, etc.
Es más, la propia Junta de Andalucía
está defendiendo con el Ayuntamiento
y Azata que la servidumbre sólo sea
de 50 mts (lo que permitiría salvar
la mayor parte del edificio). Nada de toda
esta confusión propiciada por Administraciones
y Políticos garantiza que El Algarrobico
vaya a ser demolido. Nos tememos todo lo
contrario.
Hemos de hacer comprender a todos los implicados
que los ciudadanos no vamos a cejar en nuestro
empeño en defensa del medio ambiente.
Sólo queremos que se cumpla la ley:
El Algarrobico está construido en
suelo protegido de un parque natural, el
de Cabo de Gata, es un lugar de alta protección
comunitaria (Lugar de Interés Comunitario
y Zona de Especial Protección de
Aves), ES ILEGAL.
Debe
ser demolido como establece la Ley y deben
depurarse las responsabilidades de políticos,
cargos públicos, funcionarios y particulares
que han participado y son los responsables
de esta monumental ilegalidad.
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