Entrevista con María del Mar Ruiz Castillo, Vicepresidenta de la Asociación de Amigos del Parque Cabo de Gata–Níjar.

P: ¿En qué año te incorporaste a la Asociación? Si no recuerdo mal, fue en el año 1998.
R: Sí, efectivamente.

P: Yo que te conocía en aquel momento recuerdo muy bien el entusiasmo y la ilusión que tenías. ¿Te acuerdas tú?
R: Ha pasado mucho tiempo y lo que recuerdo bien es la total confianza y esperanza que tenía en el proyecto de una asociación como ésta. La defensa de un espacio protegido con toda la legislación a su favor.

P: Pero no se les ve actuar. ¿Qué sucede?
R: Ciertamente. Además, en este procedimiento, y en muchos otros, el principal problema al que nos enfrentamos es un Ayuntamiento nada interesado en la existencia de este parque y una administración ambiental, que debía ser nuestro aliado natural, que ni siquiera nos suministra la información necesaria a la que tenemos derecho nosotros como asociación ecologista, e incluso cualquier particular, para hacer frente y probar la denuncia de ilegalidades que todos podemos comprobar y que vemos todos los días.
Es más, si recordamos algún tema tan emblemático como la compra de Cala San Pedro por un particular, tendríamos que afirmar que Medio Ambiente tiene muy poco interés en mantener y gestionar este parque.

Otro ejemplo importante es la situación del poblado minero en Rodalquilar. Nadie podría justificar ni entender como Medio Ambiente no gestiona ya directamente este poblado. Y esa gestión sería superimportante para orientar un tipo de turismo en verdadera consonancia con este parque natural.

P: ¿Qué ha pasado con San Pedro?
R: Todos sabemos que San Pedro, llena de ruinas para rehabilitar y con un montón de hectáreas más, se compró, hace nada, por veinte millones de pesetas. El propietario comunicó algo, no sabemos qué, a Medio Ambiente, que tiene derecho de tanteo y retracto sobre éstas y otras propiedades del parque.

Nosotros, la asociación, consiguió levantar un pequeño escándalo con este asunto. Después de que la administración negara el valór ecológico de la finca, terminó por iniciar el procedimiento para ejercer el retracto. El propietario alega que lo que comunicó en su momento fue la compra, con lo cual en estos momentos sostiene que el retracto se ejerció fuera de plazo. Los tribunales habrán de decidir. Sin que podamos asegurar, a la vista de otros procesos judiciales, si la administración de Medio Ambiente va a poner mucho interés en hacer valer su posición.

P: ¿Tienes idea de por qué Medio Ambiente mantiene esta actitud de dejadez?
R: Cualquier persona no muy mal intencionada pensaría que los intereses de especulación privada dentro del parque han podido más que la infinidad de competencias legales y de recursos económicos, incluidos los fondos comunitarios, que tiene la administración de Medio Ambiente.

P: Hablemos ahora de un sector de la construcción que, según el criterio de la asociación, es ilegal.
R: El primer asunto del que seguimos pendiente viene de muy atrás. De hecho, ni siquiera se presentó en nombre de la asociación, aunque nos hayamos incorporado a él con posterioridad. Por paradójico que parezca, estamos defendiendo las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Níjar que el propio Ayuntamiento recurrió en su momento. Precisamente para impedir que se aprueben las unidades de ejecución o suelo urbano que en su momento denegó Obras Públicas siguiendo las indicaciones de la declaración de impacto ambiental y que supondrían alrededor de un nuevo cincuenta por ciento o más de suelo urbano en casi todas las barriadas: las Presillas, San José, Fernán Pérez, Aguamarga, etc. Además están recurridas la nueva urbanización de la Isleta y la apropiación de suelo público por un particular en Agua Amarga.

P: Recuérdanos los pleitos que tiene pendiente la asociación, al menos, háblanos de los más significativos.
R: Lo primero que hay que aclarar es que en ocasiones los pleitos referidos al parque, y algún otro externo que afecta directamente al parque (como el relativo a los desmontes ilegales del LIC de Sierra Alhamilla), se interponen en nombre de Ecologistas en Acción, pero en todos ellos participamos muy activamente.

En materia de urbanismo, además de los reseñados con anterioridad, que son los más importantes, está en vía de recurso la demolición del Edificio Genoveses en San José, y hemos presentado denuncias administrativas por otras ilegalidades o irregularidades en materia urbanística.

Se me ocurre como emblamáticos el Hotel Don Ignacio en San José por superación de la altura máxima e invasión de la rambla, o la rehabilitación de un corral para vivienda en el paraje de la Higuerica, junto a la Amatista.

Otras veces, en tema de urbanismo y otro tipo de irregularidades, la denuncia se hace al Seprona, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Además hemos recurrido el archivo de la denuncia por distribuir agua contaminada en Rodalquilar.