La ONG cita nueve formas de operar:

1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos.

2. La modificación de los planes urbanísticos es muy frecuente.

3. La vigilancia de construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.

4. Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones.

5. En España hay una enorme cantidad de dinero negro, que se refugia en la construcción. Un tercio del precio de la vivienda suele pagarse con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.

6. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.

7. Se ha expropiado suelo a particulares para cederlo a empresas con fines sociales, las cuales lo han vendido después a precios astronómicos.

8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan; en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.

9. La corrupción urbanística no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados tam- bién han sufrido las consecuencias.

La conclusión que saca Transparencia Internacional no deja lugar a dudas: “El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos. Éste es el principal cáncer y en el que el nuevo Gobierno deberá demostrar voluntad moralizadora”.

El informe está firmado por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

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