Informe Auken: la UE denuncia las prácticas urbanísticas

Teleprensa, 12 de febrero 2008

Los movimientos ciudadanos contra el urbanismo salvaje se sienten victoriosos tras el informe del Parlamento Europeo

ALMERÍA.- En una sesión histórica del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo se aprobó ayer el Informe Auken, un demoledor documento contra el urbanismo salvaje en España. Se rechazaron las enmiendas presentadas por el PP y PSOE español contra el informe y en cambio se admitieron otras enmiendas que han dado aun mayor dureza al texto, muchas de ellas extraidas del informe elaborado por la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) y otras organizaciones y que fue enviado a todos los europarlamentarios en los dias previos a la presentación de enmiendas.

Se debatía el tema por que más quejas se han recibido de país alguno en el Comité de Peticiones: abusos ciudadanos y medioambientales asociados al urbanismo salvaje en España. En total se han recibido más de 20.000 quejas sobre 186 temas diferentes relacionados con el urbanismo en distintos puntos del territorio.

Jaime del Val comparecía unas semanas atrás como invitado del Comité de Peticiones y peticionario, como portavoz de Salvemos Mojácar, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, Salvemos Las Rozas, Salvemos el Territorio, Reverso y otras organizaciones.

Se debatía el Informe de la paramentaria Margrete Auken, en el que se piden moratorias urbanísticas y retirada de fondos de cohesión europeos para proyectos urbanísticos. Aunque el informe no es vinculante será una llamada de atención importante para el gobierno español y sus 17 autonomías, que podría posteriormente dar lugar a otras actuaciones vinculantes, igual el que informe Fourtou que el Parlamento Europeo publicó hace tres años, contra la ley valenciana, ha conducido posteriormente a que dicha ley acabe e el tribunal de Luxemburgo por violar el derecho comunitario.

En España no solo se están cometiendo miles de abusos urbanísticos contra ciudadanos españoles y comunitarios, sino que hay una violación sistemática de las normativas europeas de Hábitats y Lugares de Interés Comunitarios, así como de las directivas de aguas, saneamiento o participación ciudadana. Solo en el levante Almeriense se cuentan más de 7 macro proyectos para 17.000 viviendas y 6 campos de golf y numerosos hoteles (entre ellos el Algarrobico) ubicados enteramente en suelo protegido.

Es especialmente grave que se estén financiando con enormes fondos europeos proyectos urbanísticos, como el Algarrobico, que violan numerosas leyes europeas y españolas.

Se trata del primer informe que aborda la problemática del urbanismo salvaje en España en su conjunto, algo de lo que el Comité de Peticiones del parlamento ha cobrado conciencia en buena medida por los informes detallados que se les ha hecho llegar desde Salvemos Mojácar y la Coordinadora Ciudadana en defensa del Territorio en los últimos años, junto con más de una docena de peticiones de índole general.

Un problema que es el más grave, sistémico y endémico del Estado Español, por sus dimensiones medioambientales, sociales (vivienda y abusos), culturales (destrucción sistemática del patrimonio), económicos (haber apostado por el modelo suicida de la construcción ES la causa de la crisis), y politicos (la corrupción generalizada del sistema).

Jaime del Val, en representación de Salvemos Mojácar, la Coordinadora Ciudadana en defensa del Territorio y otras organizaciones exigió a todos los parlamentarios que aprobaran los puntos del texto que hacian referencia a las moratorias urbanísticas, y la retirada de fondos de la Unión Europea para proyectos urbanísticos. Exige también la devolución de todos los fondos que has sido destinados a proyectos, como el Algarrobico, que vulneran la ley europea.

Denuncia también que PP y PSOE se hallan unido contra el informe Auken en su desesperado y despreciable intento de seguir apostando por la especulación y el urbanismo salvaje, cerrándose en banda a reconocer el problema de fondo de España, y apostando por agrandar el agujero en el que nos han metido, en vez de sacarnos de él con un cambio radical de modelo económico, que en ningún caso se está poniendo en marcha.

El modelo suicida de economía hipercentrada en el ladrillo es lo que ha causado la crisis especialmente grave que se cierne sobre España con un 16% de desempleo. Por ello hace falta un cambio radical y urgente de modelo económico.

Desde la Coordinadora Ciudadana en defensa del Territorio exigen 90 medidas de choque contra el urbanismo salvaje. VARIAS DE ELLAS HAN SIDO INCLUIDAS EN LAS ENMIENDAS APROBADAS DEL INFORME AUKEN EN LA SESIÓN DE AYER.

> descargar el informe AUKEN

* * * * *

Resumen del informe AUKEN

La comisión de Peticiones aprobó ayer un informe, que será sometido a su aprobación definitiva por el pleno en marzo, en el que se critican las prácticas de "urbanización extensiva" en España y se sugiere interrumpir la provisión de ayudas de la UE al país hasta que no se solucione el problema. Los diputados también proponen "suspender y revisar" todos los planes urbanísticos nuevos que no garanticen el respeto por la propiedad y reclaman una "indemnización adecuada" para las víctimas.

La comisión parlamentaria recuerda que la Comisión está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales, a "suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada", y a "estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos" (párrafo 12).

Además, el informe, aprobado con 24 votos a favor, 11 en contra y una abstención, señala que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión para persuadir a un Estado miembro "a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar" (párrafo 13).

Por otra parte, la comisión parlamentaria considera que las autoridades regionales competentes deberían suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos "que no tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente" y que deberían "detener todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario" (enmienda 70 compromiso, ver lista de voto).

El texto reitera las conclusiones recogidas en las resoluciones anteriores aprobadas por el pleno de la Eurocámara, "que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona" (párrafo 14).

Asimismo, recalca que los agentes inmobiliarios de Estados miembros como el Reino Unido siguen poniendo a la venta propiedades en urbanizaciones nuevas, a pesar de saber que existe una posibilidad de que el proyecto en cuestión no se termine o no se construya (enmienda 52).

Según el informe, las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, puesto que "el cemento y el hormigón han saturado esas regiones", lo que constituye una "pérdida significativa de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental". Todo esto se debe a la ausencia de planeamientos supramunicipales o de directrices de ordenación territorial "que establezcan límites razonables al crecimiento y desarrollo urbanístico" (enmienda 56).

Sistema judicial e indemnización
Los diputados señalan que los procedimientos judiciales incoados "siguen siendo lentos" y califican de "alarmante" la "falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español". También subrayan que las personas "que hayan adquirido de buena fe" una propiedad en España declarada ilegal deberían tener derecho a una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles. No obstante, el informe aclara que los promotores conscientes de la ilegalidad de los contratos que firmaron no deben tener derecho a compensación (enmiendas 20, 93, 95 y 96).

El texto insta a las autoridades regionales y nacionales a establecer "mecanismos judiciales y administrativos" que impliquen a los Defensores del Pueblo regionales, ya que éstos pueden proporcionar medios para agilizar el acceso a la justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos (enmienda 76).

El informe también afirma que, en los casos en que pueda exigirse indemnización por la pérdida de propiedad, debería concederse de acuerdo con la ley y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La comisión parlamentaria recuerda que la directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas hacia los consumidores obliga a los países a proporcionar una "tutela judicial efectiva" a las víctimas, así como establecer sanciones contra dichas prácticas (enmiendas 121 y 122).

Agua
El texto destaca que la Comisión Europea, a instancias de la comisión de Peticiones, ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes en materia de agua. Dichas urbanizaciones "son contrarias a la Directiva Marco sobre el Agua" y su construcción "podría poner en peligro los objetivos de esta directiva". Además, muchas de esas urbanizaciones "exigieron unos gastos notables en servicios básicos como electricidad, agua e infraestructuras viarias" (enmiendas 37 y 38).

Interés general
La comisión de Peticiones considera necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico "se garanticen desde el inicio". También considera que no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, ni por las autoridades competentes, la definición de «interés general», amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles, desde un punto de vista medioambiental, obviándose en algunos casos evaluaciones de impacto medioambiental e informes de la Confederación Hidrográfica negativos (enmienda 98).

Marbella
Los diputados manifiestan su preocupación sobre la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas "que infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente, participación pública, política del agua y contratación pública, y que están a punto de ser legalizadas gracias a un nuevo plan general urbano, que no brinda seguridad jurídica ni garantías a los compradores, los propietarios y los ciudadanos en general" (enmienda 101).

Debate público
El informe de Auken insta al Gobierno español a llevar a cabo un debate público, con la participación de todas las administraciones, "mediante la formación de una comisión de trabajo sobre el desarrollo urbanístico en España que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible" (enmienda 73)