La Junta de Andalucía aprueba la nueva normativa del parque. El 5 de febrero pasado se aprobaron el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata (PORN) y su correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que vienen a sustituir a los de 1994.
Tras años de espera, la Junta de Andalucía se decide a sustituir la normativa en plena campaña electoral y desde luego no desaprovecha la oportunidad para hacer campaña electoral con la protección del parque. Que lo haga en estas fechas, dado el contenido de las disposiciones legales, parece responder al intento de la Junta de buscar votos y no precisamente el voto verde. Una sola voz se ha alzado desde la administración autonómica: el nuevo PORN, que ahora ve la luz, significa una mayor garantía de conservación para el parque. Este parque “se blinda a los intereses especulativos”. Se protege más y mejor este espacio protegido y se frenan grandes proyectos de urbanización.

Disentimos básicamente de estas apreciaciones. Ya hicimos una valoración de urgencia en el pasado número de esta revista y así lo hemos transmitido a los distintos medios de comunicación. Es difícil, ni siquiera sospechar, que se pueda manipular tanto a la opinión pública como está sucediendo con la Junta de Andalucía en todo lo que se refiere a este espacio protegido y con tan descarados fines electoralistas. En este mismo número incluimos algunos artículos aclaratorios de la posición que ha mantenido la Junta tanto en el tema de Marina de Aguamarga, como en el de El Algarrobico. En ambos casos, se puede apreciar el descaro, por no llamarlo de otra manera, de la Consejera Coves al valorar tan positivamente las sentencias de nuestros Tribunales que han fallado en contra de la urbanización del suelo y le han devuelto las garantías de conservación como suelo protegido y no urbano.

A continuación reproduciremos la que ha sido nuestra información constante a la prensa en estas semanas pasadas y la que será la base de nuestra impugnación de la normativa recién aprobada. Ésta Asociación y la mayor parte de las Asociaciones ecologistas nacionales y locales, ya anunciaron en su día, en el período de alegaciones, que de aprobarse la normativa en los términos hechos públicos se procedería a su impugnación ante los tribunales nacionales y se llevaría el asunto a Bruselas. Desde la publicación de estas disposiciones, hay un plazo muy corto para impugnar –dos meses-; a ello, por tanto, dedicaremos intensivamente nuestros esfuerzos. Es un tema de suma trascendencia para el futuro del parque, por lo que a través de nuestra web o mediante mailing solicitaremos la ayuda necesaria de nuestros socios y colaboradores. Os rogamos, pues, estéis especialmente atentos a la web en los próximos meses. Os mantendremos informados de todo el proceso. Ha llegado el momento de prestar ese esfuerzo adicional y apostar por la conservación. Catorce años ha estado vigente este PORN, puede que el que ahora se apruebe tenga una vigencia parecida, mucho es lo que puede cambiar la faz de este territorio que tan bien conocemos. Hagamos entre todos que no sea para desfigurarlo.

A la luz de este planteamiento queda en absoluta evidencia la descarada política de la Junta de Andalucía afirmando sistemáticamente que el PORN no podía venir a impedir la calificación que los suelos tuvieran con anterioridad en la normativa municipal; si los Ayuntamientos habían incluido como urbanos suelos con anterioridad a la aprobación del PORN (lo que sucedió en gran parte del parque, en las fechas anteriores a su declaración, ¿quién disponía de tan privilegiada información y quién tuvo mano en los Ayuntamientos para que a toda prisa se declaran los suelos urbanos?), dijera lo que dijera esta nueva norma esa calificación de urbano era intocable. Éste ha sido un argumento reiterado, hasta la saciedad, como se recordará, en relación con El Algarrobico. ¿Cuántas veces no hemos oído de boca de la Consejera, Sra. Coves, que El Algarrobico era suelo urbano desde antes de 1987? ¿Que esa condición de urbano debía respetarse en cualquier caso y que la administración nada podía hacer en contrario? Nada de esto hemos escuchado en la prensa respecto de este importante fallo del Tribunal Supremo, más bien lo contrario, que es un gran triunfo de la Administración y que les da plenamente la razón, ¿en qué? ¿En que en un parque natural sólo la administración autonómica decide qué, dónde y cuánto se construye y nada ni nadie más? Desde luego, que esto lo sabemos, siempre lo hemos mantenido, pero no es una verdad al alcance del gran público. Pero, esto, claro, no nos lo van a decir. No conviene, no interesa. ¿Será porque la Junta piensa seguir utilizando el argumento de que no tiene competencias para frenar ciertas actuaciones perniciosas para la conservación del parque? No adelantemos acontecimientos, tendremos largo tiempo y muchas oportunidades para comprobarlo.

Resultaba incomprensible que se pudiera seguir tramitando esta urbanización de Marina de Aguamarga, a pesar de que incluso la propia Comisión Europea había abierto un expediente de investigación por la posible degradación de las zonas LIC y ZEPA que se encuentran en dicho sector. Es la política de los hechos consumados. Mejor dicho, de los delitos e infracciones consumadas. Una vez construido ilegalmente, se acabaron las responsabilidades judiciales, quién se va a atrever a demoler, nada más adecuado y razonable que legalizar lo ilegal… etc. Son de todos conocidos los resultados. Lo que se refleja al exterior es algo muy diferente, ¿dónde estaban los ecologistas mientras todo esto se construía? Pues ya se sabe: batallando contra viento y marea a fin de parar estas aberraciones. Que la Administración guardara el más absoluto mutismo y permaneciera impasible frente al desmán, sin responder a una sola de las denuncias presentadas, pues no lo sabemos, a los ecologistas no nos lo han contado.
Y, en el último momento, la Audiencia Nacional ha fallado a favor de un deslinde de 100 m. en el trozo costero de El Algarrobico. Es decir, este Tribunal ha entendido que el hotel tendría que haberse retranqueado hasta los 100 mts de separación de la línea de costa, y no hasta los 28 m. que es donde comienza el amurallamiento del jardín y la piscina del hotel. Y muy importante, no estima que esta modificación del proyecto inicial del hotel hubiera dado lugar a indemnización a favor de Azata. La Junta de Andalucía, El Ayuntamiento y Azata han defendido este procedimiento: la línea de los 50 m. Sólo el Ministerio de Medio Ambiente y la personación de Salvemos Mojácar, a quien damos desde aquí sinceramente la enhorabuena, han defendido la interpretación de los 100 m. ¿Qué significa esto? Pues lo que ya afirmábamos desde el principio: que el hotel ha de cortarse por la mitad.