El 14 de diciembre, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba, se hizo entrega del premio Chico Mendes 2007, que todos lo años convoca y falla el Ayuntamiento de Córdoba para mostrar su apoyo económico y reconocimiento a la labor ecologista. Este año ese premio ha recaído en la Asociación de Amigos del Parque de Cabo de Gata. Se entregó diploma y trofeo, así como los 6000 euros con que está dotado este premio. Presidió el acto el concejal de medio ambiente de esta Corporación y la entrega la hizo el teniente de alcalde. Lo recibieron, nuestra presidenta, Mar Ruiz, y Eva González del grupo de prensa. El acto estuvo muy concurrido de público y representantes de la prensa.

Hace pocos meses, cuando se presentó el PGOU del municipio de Níjar, todavía gobernado por el PSOE, nos echamos las manos a la cabeza por el inmenso desarrollo urbano que preveía. De acoso al Parque calificábamos las previsiones de crecimiento urbano, dentro y fuera de las zonas protegidas. Ni la Junta de Andalucía pudo aprobar tal despropósito. El nuevo gobierno municipal, ahora del PP, desde los primeros momentos de su mandato, ha afirmado que todo lo que ha pasado en el parque es culpa absoluta del PSOE, que el nuevo ayuntamiento acataría sin rechistar y respetaría las limitaciones y garantías que impone un espacio protegido. Es más, que en su normativa municipal se asumirían las recalificaciones a suelo no urbano que contemplara la Junta y decidieran los Tribunales. FALSO. Nuestros mayores dirían que son los mismos perros con distintos collares.

El gobierno municipal del PP acaba de hacer pública la modificación del PGOU, y en su propuesta se incluyen 466 casas más en los núcleos urbanos del parque. No sólo no se restringen ni un ápice las 200 has. de suelo ilegal dentro de los municipios, sino que se suman algunas migajas más. Estos son los resultados del sorteo municipal: 137 casas más en San José, 52 en Las Negras, 60 en Agua Amarga, 34 en La Isleta del Moro, 64 en El Pozo de los Frailes, 6 en Las Hortichuelas, 6 en Las Presillas, 40 en Rodalquilar. Un premio gordo muy bien repartido. Lo dice el diario El Mundo, de 7 de febrero. Pese a tratarse de un medio de comunicación afín al PP, critica esta política municipal y muy gráficamente anuncia: “Níjar, tras los pasos de Carboneras con las viviendas en el parque”.

La Junta devalúa su propia normativa

Según publican los diarios del Grupo Joly en Andalucía, por decreto, y bajo el paraguas del pacto institucional por la vivienda, la Junta de Andalucía ha decidido abrir definitivamente la mano y relajar los polémicos límites urbanísticos impuestos a los municipios andaluces en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Y lo ha hecho de forma parcial -para las localidades cuya población no supere las 10.000 personas, precisamente aquellos términos en los que los problemas de presión urbanística son mayores- y con ciertos mecanismos administrativos de control, pero renunciando en buena parte a los argumentos sostenidos desde hace más de un año y orillando las resoluciones de la Cámara andaluza. Oficialmente, todos los cambios han sido acordados con la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP) y con otros grupos y agentes económicos.

El texto legal que autoenmienda parcialmente al POTA, sin derogarlo, ya ha aparecido en el BOJA. Su aplicación ya rige, lo que significa que el cinturón de contención urbanística del POTA ha pasado a ser bastante más holgado, esencialmente para las localidades cuyo crecimiento en los últimos años ha sido más discreto. El decreto regula esta flexibilización en su disposición adicional segunda, donde emite unos "criterios" para medir la adecuación de los planes generales "al modelo de ciudad" establecido en el POTA. En su formulación hay barra libre para la calificación de suelo industrial, aplicación de una ratio de vivienda -a efectos de autorización de los nuevos crecimientos urbanos- distinto en el caso de las VPO y, sobre todo, una "modulación de los límites de crecimiento del Plan Territorial" en función de la población de los distintos términos municipales. Este último punto es el que más dará que hablar. Sobre todo por cómo se argumenta desde la Junta: en teoría, la causa de esta flexibilización no son las presiones de la patronal -que amenazó con romper la concertación social- ni de los ayuntamientos, la mayoría gobernados por el PSOE, sino la voluntad de la Junta de "potenciar la utilización de los equipamientos existentes" en los municipios. Esto es: según la tesis oficial, el POTA no se enmienda por el convencimiento de la Junta de que su formulación inicial era demasiado rígida, sino para que los ayuntamientos puedan rentabilizar los equipamientos existentes con más población.

Decreto del golf de la Junta de Andalucía

El proyecto de Decreto sobre el golf de la Junta de Andalucía es una nueva cesión a los especuladores y un inadmisible incumplimiento del POTA. Este Decreto propiciará que siga campeando una política urbanística que desencadena todo tipo de ilegalidades, impactos ambientales y corrupción. Los campos de golf y sus urbanizaciones anexas, representan el peor modelo de ocupación del territorio, el que más suelo, agua y recursos naturales consume. El Informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España de 2006 ha dejado en evidencia que el ritmo de ocupación del suelo triplica el del crecimiento de la población en Andalucía.

Las condiciones del Decreto para “permitir” promociones inmobiliarias aumentarán el impacto territorial y ambiental de los campos de golf, ya que obligará a recalificar grandes extensiones, pues a las 70 has. mínimas del campo de golf hay que añadir la zona residencial, hotelera y comercial, por lo que cada campo de golf conllevará la recalificación de más de 100 has; en muchos casos una superficie superior a las propias poblaciones existentes. Con este Decreto la Junta demuestra un desprecio absoluto a las normas legales y al Parlamento.

El POTA propugna un modelo territorial basado en la ciudad compacta mediterránea, evitando procesos de expansión indiscriminada y consumo innecesario de recursos naturales como el suelo, el agua o la energía. Con estas grandes recalificaciones es imposible cumplir la norma que prohíbe incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano.

También se infringen las normas que dicen que hay que dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos existentes, y contemplar las instalaciones turísticas destinadas al ocio y deporte desde su propio valor, con total independencia de las promociones inmobiliarias asociadas. Los empresarios aducen que los campos de golf no son rentables y que hay que “valorizarlos” con el complemento residencial, entonces ¿por qué se van a seguir promoviendo y construyendo? El hecho de que la aprobación de campos de golf con desarrollos urbanísticos dependa de una comisión política, sin ningún baremo objetivo para evaluar el número de viviendas de cada proyecto, propiciará la más absoluta discrecionalidad y potenciará la corrupción urbanística.

El Decreto no obliga a regar con aguas depuradas ni prohíbe el uso de agua potable. Sólo obliga a disponer de estaciones meteorológicas y balsas de 100.000 m3, con lo que además de no solucionar los problemas de riego irregular, se seguirán fomentando los pinchazos ilegales a los acuíferos y las tomas fraudulentas a la red general.

La Consejería de Turismo reconoce que en 2005 sólo 364.000 turistas declararon el golf como el objetivo de su viaje en Andalucía, un 1,5% del total, muchos menos de los que vienen por nuestro patrimonio cultural o por los espacios naturales. Para ese 1,5% de turistas se quiere acondicionar todo el desarrollo urbanístico e hipotecar nuestro futuro. Ecologistas en Acción presentará una alegación a la totalidad, porque este Decreto sólo propiciará más especulación, más corrupción y la destrucción de nuestro territorio, de nuestro paisaje y de recursos escasos como el agua.