Esta actuación es ilegal, porque incumple la Directiva Hábitat, que dice que antes de reintroducir cualquier especie, hay que recuperar el ecosistema (lo que no se hace); también hay que resolver las causas que provocan la disminución de la especie cuando más de 20.000 tortugas mueren al año accidentalmente en pesquerías en el área del Mediterráneo; además, de cada 1000 huevos o tortuguitas, 1 puede llegar a estado adulto dentro de 30 ó 40 años. Está claro que la prioridad ahora no es desplazar una población de un lugar a otro, por motivos electorales, sino evitar las muertes que hay en la especie por causas antrópicas.
Se están manejando hipótesis, no prevaleciendo el principio de precaución. Hay gran diferenciación genética entre las tortugas de Cabo Verde y las de aquí. De esta forma, podemos estar ante la introducción de una variante alóctona, con el grave riesgo de contaminación genética. Estas acciones no se han desarrollado con la documentación necesaria que requiere el Convenio CITES, por lo que el 30 de septiembre las denunciamos ante el Seprona, el Ministerio de Medio Ambiente y el de Economía y Hacienda, por presunta tenencia ilegal de especies sujetas a CITES.

El 1 de octubre, la Consejería había anunciado la primera suelta de tortugas. Ante la denuncia, el Seprona de Almería abre investigación, solicita la documentación necesaria y, al no disponer de ella, prohíbe la suelta de tortugas. La Consejería paraliza la suelta y se inventa una excusa ante los medios de comunicación. Al día siguiente, solicitan permiso ante aduanas de Canarias. Tras la investigación el Seprona decomisa: 9 tortugas vivas y 1 muerta en Málaga; 80 huevos enterrados y 10 tortugas en tanques en la playa de Cabo de Gata. Ahora la Consejería de Medio Ambiente presenta un supuesto permiso de aduanas de Canarias, en el que figura: Fecha de expedición: 11 de octubre de 2007 (por lo que se confirma la no existencia de documentación anterior).