Las distintas administraciones y partidos políticos siguen tratando de eximirse de responsabilidad. El Ministerio de Medio Ambiente, con la Ministra Narbona al frente, empieza a tener complicaciones para aclarar su posición. El diario El Mundo denunció que la Ministra, con motivo de la queja Comunitaria presentada por Greenpeace y las preguntas del eurodiputado de Los Verdes, se dirigió hace meses a Bruselas por escrito afirmando que nada había de irregular en el tema del macrohotel de El Algarrobico. En palabras de la Ministra, dicho hotel cumplía con todos los requisitos y autorizaciones. Podemos comprobar que la actuación del Ministerio no ha sido muy limpia. Ha tenido que armarse un escándalo monumental y con un montón de procedimientos judiciales en curso (todos por parte de asociaciones ecologistas) para que el Ministerio se decidiera a intervenir. ¿Y cómo lo hace? Exclusivamente desde el deslinde de los 100 mts. de protección a que obliga la Ley de Costas. Ahora bien, sin que la empresa AZATA sufra perjuicio alguno, optando por una expropiación algo más que discutible. Los datos que ha manejado la prensa es que la expropiación va a costar a nuestros bolsillos 200 millones, más 60 millones de demolición. ¡De euros! O sea, forrando a la empresa para que construya el segundo gran sector urbano que acaba de ganar AZATA en sentencia judicial de 17 de octubre del pasado año (se habla de 7 hoteles, 1500 casas y campo de golf).

Greenpeace y Amigos del Parque se han opuesto al procedimiento de expropiación, porque el problema de El Algarrobico no sólo es, como pretende hacerse creer, que está muy pegado al mar, sino que todo este sector con el hotel y centenas de casas y apartamentos previstos y el segundo sector que tiene la empresa, limítrofe a éste, están absolutamente fuera de suelo urbano y en espacio protegido según el PORN vigente. Por consiguiente, no procede urbanizar nada en ninguno de los dos sectores. Entonces, hay que demoler sin más, con cargo al propietario, y que éste, como cualquier ciudadano de a pie, acuda a los tribunales para obtener justicia y se depuren las responsabilidades pertinentes, sean del Ayuntamiento, Junta o Ministerio, o de todos ellos; así los jueces pueden fijar la indemnización que le corresponde a la empresa y, lo más importante, políticos, con nombres y apellidos y de sus bolsillos, son los obligados a desembolsar la indemnización.

La verdad es que las cosas se empiezan a clarificar, porque con fecha de 3 de marzo de 1998, según el diario El Mundo, el director provincial de costas comunicó a la empresa que el deslinde tenía que ser 100 mts. como establecía ya la Ley de Costas. Azata hizo caso omiso y se amparó en que las normas municipales de Carboneras le permitían la construcción a 20 mts. de la línea del mar. Sin embargo, la normativa municipal prevé, con carácter general, para los suelos urbanizables una protección de 100 mts y si el suelo no es urbanizable de 500 mts. Es imposible elaborar una interpretación creíble de la actuación de las distintas administraciones a la luz de estos hechos. ¿Por qué la Junta de Andalucía ha guardado el más completo silencio? ¿Cómo el Ministerio ha mantenido en algún momento que el hotel fuera legal y por qué ha decidido intervenir ahora con un procedimiento expropietario que tanto nos va a costar? ¿Cómo la licencia municipal no se acomodó a las normas municipales?

Las noticias de última hora son que la Junta de Andalucía, como ha anunciado la Consejera Coves de Medio Ambiente y el propio Presidente Chaves, ha encontrado el argumento legal para acabar definitivamente con el tema de El Algarrobico. Van a ejercer el derecho de retracto para hacer suyas un par de fincas de este sector “urbanizable” de Azata con poco coste, en torno a los 2.300.000 euros que pagó Azata. Siete años después de su adquisición, amparándose en que nadie le comunicó esta venta para ejercer el retracto en su momento. La verdad es que esta solución trata de resolver varios problemas: que no se pueda llegar a abrir el hotel, que no se construya esta parcela del hotel y la colindante (de 250 casas previstas), que no haya que acudir a la expropiación, que costaría un dineral a los bolsillos de los ciudadanos; y, desde luego, intentar atajar las responsabilidades legales, administrativas y penales, en que hayan podido incurrir diversos políticos de las administraciones autonómica y municipal.