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ALMERÍA:
DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007
Resumen preparado por Almediam/José
J. Matamala. 28-06-07
Los
siguientes párrafos están
extraídos del informe elaborado por
Greenpeace sobre la situación del
litoral español, titulado “Destrucción
a toda costa – 2007”. Para
este resumen se han extraído las
referencias en las que aparece citada
la provincia de Almería, que
ocupa cualitativa y cuantitativamente buena
parte del volumen de la obra.
No
se pretende ahondar aún más
en los problemas expuestos -sólo
parte representativa de los acontecidos
durante el periodo y área de estudio-,
sino exponerlos públicamente, felicitar
y agradecer el trabajo documental de Greenpeace,
así como recomendar a nuestros lectores
que accedan a la versión íntegra
del mismo: http://www.greenpeace.org/espana/reports/destrucci-n-a-toda-costa-2007
URBANISMO
El
agotamiento del suelo y de los recursos
naturales parece imparable en Andalucía.
El consumo de agua en esta región
se sitúa en una media de 180 litros
de agua por persona y día, la segunda
más alta de España, cifra
que en la Costa del Sol y Almería
llega a los 400 litros por persona y día.
El
pasado mes de junio el Gobierno andaluz
aprobaba el Plan de Ordenación
Territorial de Andalucía (POTA).
El Plan, concebido según sus autores
para evitar los procesos urbanizadores insostenibles,
llega tarde a un territorio donde se ha
impuesto un crecimiento desordenado y donde
no se ha ejercido el control necesario para
impedir las ilegalidades que inundan la
costa andaluza. El POTA, aunque limita el
crecimiento de los municipios en los próximos
ocho años al 30% de la población
(algo que en Andalucía sólo
han hecho el 9% de sus municipios) y la
ocupación de suelo al 40% del suelo
urbano actual, deja de lado la sostenibilidad
ambiental. Además, la Junta se ha
apresurado a anunciar que las medidas introducidas
para limitar el crecimiento serán
sólo temporales.
En
la costa de Almería, algunos tendrán
que hacer recortes más que drásticos:
MUNICIPIO
.- HABITANTES ACTUALES - CRECIMIENTO PREVISTO
(EL POTA PERMITE EL 30% DE LA POBLACIÓN
ACTUAL)
Cuevas
del Almanzora - 11.484 habitantes
PGOU en tramitación.
Cerca de 148.000 viviendas para aumentar
la población hasta 414.000 personas
(un 3.608% de aumento)
Vera
- 11.159 habitantes
PGOU en tramitación.
118.000 viviendas nuevas ocupando el 75%
del territorio municipal, de 58 km2, lo
que equivale a 330.400 nuevos habitantes,
un aumento del 2.961%
Mojácar
- 6.092 habitantes
PGOU en revisión.
10.000 viviendas nuevas (equivale a 28.000
nuevos habitantes, un aumento del 460%)
Níjar
- 24.435 habitantes
Presentado el Avance del PGOU.
20.000 nuevas viviendas (equivale a 56.000
nuevos habitantes, un aumento del 230%)
Carboneras
- 7.267 habitantes
PGOU en exposición pública.
4.000 viviendas nuevas (equivale a 11.200
nuevos habitantes, un aumento del 154%)
Roquetas
de Mar - 65.886 habitantes
PGOU en exposición pública.
20.000 viviendas nuevas (equivale a 56.000
nuevos habitantes, un aumento del 85%)
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística,
El País, Wikipedia
Según
datos de la Consejería de Medio Ambiente,
durante 2005 y la primera mitad de 2006
se abrieron 57 expedientes sancionadores
por irregularidades urbanísticas
en zona de servidumbre de protección10
de la costa Almeriense. Por su parte, durante
2005 y 2006 el Servicio de Protección
de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia
Civil denunció 352 urbanizaciones
y viviendas irregulares en Almería.
AYUNTAMIENTOS
INVESTIGADOS POR LA JUSTICIA
POR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS
Carboneras
La construcción de un hotel por parte
de la constructora Azata en El Algarrobico,
dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar,
ha sido paralizada cautelarmente por la
justicia tras las denuncias de Salvemos
Mojácar
Mojácar
La promotora La Solana de Mojácar,
S.A. es responsable de la construcción
de un edificio de hasta ocho plantas de
altura en una zona donde la altura máxima
son dos. Gracias a las denuncias de la asociación
Salvemos Mojácar, la Consejería
de Obras Públicas ha denunciado al
Ayuntamiento pidiendo la revisión
de la licencia del complejo.
Níjar
Ecologistas en Acción presentó
en 2006 una querella contra el alcalde en
ese momento Joaquín García
y el ex concejal José Cayuela al
firmar ambos un convenio urbanístico
que permitió a Cayuela multiplicar
por cuatro la edificabilidad en una finca
de Agua Amarga a cambio de la “cesión”
de una parcela de 12.000 m2 que, finalmente,
no existe. Se les acusar de haber cometido
delito contra la ordenación del territorio
al permitir urbanizar en zona verde y en
solares municipales. Recientemente la Audiencia
Provincial de Almería ha imputado
por delito urbanístico al alcalde,
al concejal de Urbanismo, Manuel Rodríguez,
y al Jefe del Área de Urbanismo,
Federico García, tras investigar
estos hechos.
Roquetas
de Mar
El empresario Tomás Olivo, imputado
en la Operación Malaya, ha construido
un centro comercial cuya licencia de apertura
ha sido anulada por el TSJA.
OTRAS
INCIDENCIAS EN ALMERÍA
El
Juzgado nš 2 de Almería rechazaba
el pasado mes de octubre la petición
de la Junta de Andalucía para paralizar
de forma cautelar las obras de construcción
de 440 viviendas que la empresa Almeragua
lleva a cabo en los acantilados de Aguadulce
(Roquetas de Mar). La resolución
del juez dictamina que las obras corresponden
a un plan parcial aprobado por la propia
Junta, por lo que ahora no le corresponde
reclamar ya que no lo hizo en su momento.
Es
una constante: la Junta deja construir ilegalmente
y cuando hay presión, decide intervenir.
Lo vimos claramente en el caso de El
Algarrobico (Carboneras), que sigue
en pie debido, primero, a la mala actuación
y, después, a la descoordinación
entre la Junta de Andalucía y el
Ministerio de Medio Ambiente.
Pero todavía queremos pensar que
el hotel, auténtico símbolo
de la destrucción del litoral, algún
día será demolido. El Ministerio
está completando el deslinde y la
Junta de Andalucía ejerció
el derecho de retracto sobre los terrenos
en los que se levanta el hotel recuperando
su titularidad. Azata, constructora del
hotel, ha rechazado el dinero ofrecido por
la Junta (2,3 millones de euros) y ha recurrido
ante los tribunales todas las decisiones
de las administraciones, incluida la suspensión
cautelar de las obras.
En el juicio por la ilegalidad del hotel
de El Algarrobico, ante la petición
de los planos oficiales del P.N. Cabo de
Gata-Níjar por parte de la Audiencia
Nacional, la Junta de Andalucía ha
remitido a este organismo una planimetría
en tamaño A4 (29,7 x 21 cm) donde
la zona del hotel aparece además
engrecida. De esta forma es imposible determinar
si la zona está protegida o no. Greenpeace
posee una copia oficial de dichos planos
al tamaño al que fueron realizados
originalmente, donde sí se aprecia
el grado de protección de la zona.
En otra de las denuncias interpuestas por
la promotora Azata, ésta ante la
Audiencia Nacional, el presidente de la
Sala de lo Contencioso Administrativo, Carlos
Lesmes, ha pedido a la Junta de Andalucía
que remita los planos del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar publicados en
1994 en el Boletín Oficial de la
Junta. La Consejería de Obras Públicas
ha remitido los planos de todo el parque
en tamaño A4 (29,7 x 21 cm), lo que
impide determinar con claridad si la zona
donde se ha construido el hotel está
protegida o no.
La actitud de la Junta de Andalucía
en este caso es, cuando menos, indignante.
Los planos oficiales reclamados por la Audiencia
Nacional fueron modificados por la Consejería
de Medio Ambiente para convertir 200 hectáreas
de terreno del parque en urbanizables, lo
que ha permitido a la constructora del hotel
defender su supuesta legalidad.
Pero es más, la Junta de Andalucía
mantiene abierto otro contencioso administrativo
en el juzgado número dos de Almería
para exigir la aplicación de un deslinde
de 50 metros, la mitad de lo que determina
la Ley de Costas, que legalizaría
casi el 100% del monstruoso edificio construido
en la playa de El Algarrobico.
Pero
no es el hotel de Azata el único
caso sobre el que pesan dudas al respecto
de su legalidad en la localidad de Carboneras.
Ecologistas en Acción solicitó
en marzo la revisión de oficio de
los acuerdos adoptados en enero de 2003
por los que el consistorio vendió
a 3,60 euros/m2 dos fincas de titularidad
municipal limítrofes al paraje de
El Algarrobico. Ambas, La Loma de La
Cañada y Torre del Rayo, de cerca
de 64 hectáreas, fueron recalificadas
siete meses más tarde como suelo
urbanizable, multiplicando por 50 su valor.
Las fincas fueron adjudicadas a las empresas
“Unicarboneras” y “El Mirador
de Carboneras”.
La solicitud
de revisión de estos acuerdos fue
rechazada por los votos de los ediles del
PSOE. Ecologistas en Acción ha anunciado
la presentación de un recurso contencioso-administrativo
contra el Ayuntamiento de Carboneras basado
en la sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 7 de noviembre de 2005, según
el cual “el producto de las enajenaciones
de terrenos del patrimonio municipal se
deben destinar no a cualquier fin, por loable
y razonable que sea, sino al específico
de la conservación y ampliación
del propio patrimonio municipal del suelo”,
algo que no se ha hecho.
El PP de Carboneras ha puesto a disposición
del juzgado de Vera un acta notarial que
implica al ex alcalde, Cristóbal
Fernández, en dos presuntos casos
de soborno (uno no consumado) para lograr
la retirada de la denuncia interpuesta contra
esta operación urbanística.
La
consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves,
reconoció en el Parlamento andaluz
la existencia de una veintena de expedientes
sancionadores abiertos por la existencia
de viviendas ilegales cuyos propietarios
están vinculados al Ayuntamiento
de Carboneras, al PSOE local y al miembro
del PP Marcos Ballesteros (única
que ha llegado a los tribunales). El resto
de propietarios serían J.M. Merino,
suegro del Secretario de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente, J. González,
Secretario “accidental” del Consistorio,
Dolores Capel, concejala del PSOE en el
ayuntamiento, y su cuñada, F. Moreno,
Teniente de Alcalde del ayuntamiento, J.M.
Hernández, cuñado del alcalde
y ex jefe de la Policía Local, y
dos familiares más del Secretario
“accidental”, J. González.
Cristóbal
Fernández, alcalde de Carboneras
hasta su dimisión tras haber sido
condenado por un delito electoral, fue indultado
por el Consejo de Ministros y se volvió
a presentar como candidato por el PSOE a
la alcaldía de esta localidad, saliendo
elegido nuevamente.
Todavía
dentro del Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar, un proyecto de “Marinas
de Agua Amarga, S.A.” prevé
construir 350 viviendas en un espacio de
48,25 hectáreas en Agua Amarga (Níjar).
El Plan Parcial que recoge este proyecto
fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
de Níjar el 29 de septiembre de 2005.
El pasado 19 de abril, el Boletín
Oficial de Almería, publicaba la
aprobación del Proyecto de Reparcelación
para llevar a cabo esta urbanización.
El arquitecto del proyecto y copropietario
de los terrenos de Agua Amarga es responsable,
además, de la planimetría
de las normas subsidiarias municipales,
en las que incluyó su finca como
urbanizable.
El suelo donde se pretende construir la
urbanización está calificado
como Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés
Comunitario (LIC). Los terrenos también
han sido declarados Reserva de la Biosfera
por la UNESCO, lo que ha motivado que la
urbanización de Agua Amarga haya
llegado hasta la Comisión Europea,
que mantiene abierta una Queja por el incumplimiento
de la normativa europea sobre espacios protegidos.
Es un caso muy similar al del hotel construido
ilegalmente en El Algarrobico y, junto a
él, está englobado en las
200 hectáreas que la Junta de Andalucía
pretende dejar urbanizar dentro del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar al utilizar
planos diferentes a los publicados en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Pero
no es esa la única mala noticia para
el parque. Los tres municipios en los que
se encuentra, Carboneras, Níjar y
Almería, proyectan la construcción
de 25.000 viviendas en los próximos
años. La mayoría, 20.000,
corresponden al plan urbanístico
de Níjar.
Ahora le toca decidir a la Junta de Andalucía,
ya que estas previsiones suponen un aumento
del 230% de habitantes, un 200% más
de lo permitido por el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía. Por
su parte, Carboneras plantea un crecimiento
del 154% de su población con la construcción
de 4.000 nuevas viviendas.
Las
obras de construcción de 1.400 viviendas,
un hotel y un campo de golf que lleva a
cabo la empresa Med Group en playa Macenas,
Mojácar, siguen adelante a pesar
de invadir la rambla de Macenas, un hecho
ilegal debido a las posibilidades de inundación.
La Junta de Andalucía ha seguido
con absoluta pasividad el desmonte y destrucción
de las montañas litorales de la zona,
así como la transformación
de los cauces de la rambla provocada por
las obras durante más de un año.
Finalmente, tras diversas denuncias ecologistas,
la Junta ha presentado un deslinde (delimitación
de la zona protegida de la rambla) que se
amolda como un guante a las obras ya realizadas
por Med Group, salvando de una ilegalidad
más que evidente al hotel de cinco
estrellas en construcción gracias
a un milagroso estrechamiento de la desembocadura
de la rambla.
JUICIO
EN ALMERÍA A UNA ABOGADA ECOLOGISTA
Pilar
Rodríguez, abogada de la asociación
Ecologistas en Acción, está
acusada de injurias y calumnias por el Juez
de lo Contencioso Administrativo nš 1 de
Almería debido al contenido crítico
de un escrito de recurso que la letrada
presentó contra una sentencia de
ese Juzgado a favor del Ayuntamiento de
Níjar y que fue posteriormente revocada
por el TSJA (que determinó que el
ayuntamiento había actuado con “desvío
de poder”).
La abogada, que ha llevado a cabo numerosas
denuncias por irregularidades urbanísticas
a lo largo de los últimos años,
ha tenido que hacer frente a una fianza
de 27.200 euros y se enfrenta a una petición
de multa y 30.000 euros de indemnización.
Más de 36 letrados especializados
en medio ambiente de diversas comunidades
autónomas notificaron al Juzgado
de Almería su intención de
actuar como co-defensores de Pilar Rodríguez.
El juicio se celebró el pasado 27
de abril y se está a la espera de
la sentencia.
CAMBIO
DE FISCAL DE MEDIO AMBIENTE EN ALMERÍA
En
febrero se conocía la noticia de
la dimisión del Fiscal de Medio Ambiente,
Juan Sánchez. Entre sus intervenciones
más destacadas figura su falta de
actuación en el caso de la construcción
del hotel de Azata en El Algarrobico al
no admitir a trámite la querella
presentada por Greenpeace, o pedir la absolución
de altos cargos de la Junta de Andalucía
sin acusarles de delito alguno a pesar de
haber propiciado la destrucción de
20.000 ejemplares de Androcymbium europaeum,
una planta protegida, dentro del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar, juicio
que está todavía pendiente
de celebrarse.IX
Fuente: El Mundo
URBANISMO
Y OTRAS AMENAZAS EN ESPACIOS PROTEGIDOS
El
16 de julio de 2006 la Comisión Europea
aprobaba la lista de espacios incluidos
en la Red Natura, una maniobra de distracción,
se conocía la noticia 2000 de la
Región Mediterránea europea.
Andalucía tiene 76 de los 105 hábitats
incluidos en esta lista que preserva las
especies de flora y fauna más importantes
para la Unión Europea. Además,
alberga 191 Zonas de Especial Conservación
(ZECs). Esta aprobación supone una
buena noticia para los espacios naturales
andaluces, ahora le toca a la administración
hacer cumplir la normativa que los protege.
La
Junta de Andalucía todavía
no ha resuelto el mayor de los problemas
a los que se enfrenta uno de sus espacios
naturales más emblemáticos,
el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar,
donde, por obra y gracia de un cambio en
la planimetría, 200 hectáreas
incluidas en el parque, según los
planos oficiales, adquirieron la categoría
de urbanizables en planos sucesivos, irregularidad
que ha defendido la propia Consejería
de Medio Ambiente en diferentes juicios.
Ante las numerosas denuncias al respecto,
el año pasado la administración
andaluza optó por modificar la
normativa del parque, el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales (PORN), para convertir
las molestas 200 hectáreas en urbanizables.
Por
su parte, Greenpeace presentó
alegaciones al nuevo PORN señalando
su ilegalidad e inconstitucionalidad
entre otras cuestiones. Esta falta de respeto
a la normativa nacional e internacional
ha llevado este intento de modificación
a la Comisión Europea, que ha abierto
un expediente para investigar el caso. La
modificación todavía no se
ha aprobado.
En
diciembre, y en lo que se podría
considerar una maniobra de distracción,
se conocía la noticia de que la Junta
de Andalucía estaba estudiando la
posibilidad de pedir la calificación
de Parque Nacional para Cabo de Gata.
De
los proyectos urbanísticos incluidos
en las 200 hectáreas de la discordia
dentro del futurible Parque Nacional destaca
la urbanización Marina de Agua
Amarga, en el término municipal
de Níjar, que se ubica en terrenos
del Parque calificados como Hábitat
Prioritario y Exclusivo, Lugar de Interés
Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA), lo que supone
el mayor grado de protección posible
según lo que dictamina la Directiva
Europea de Hábitats. Sin embargo,
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
dio la razón a los propietarios de
los terrenos, permitiéndoles urbanizar
al contar con la aprobación de la
Junta de Andalucía, que utilizó
como planos del Parque unos en los que copió
las normas subsidiarias de Níjar
y que incluía la finca de Marina
de Agua Amarga como suelo apto para urbanizar,
en lugar de los aprobados oficialmente en
el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Los
Verdes han elevado una queja por estos hechos
al Comité de Peticiones del Parlamento
Europeo.
Y
si después de El Algarrobico a alguien
le quedaban dudas del amor de Carboneras
por el Parque Natural, baste saber que el
pleno municipal de este ayuntamiento decidió
el pasado mes de marzo, por unanimidad,
solicitar a la Junta de Andalucía
la anulación de la ampliación
del parque que se hizo en 1994. Los
representantes de Carboneras consideran
que la protección otorgada por la
figura del Parque Natural “es ilegal”.
El
delegado de Medio Ambiente de la Junta,
Juan José Luque, junto a otros responsables
de la Consejería de Medio Ambiente
se enfrentan a una condena por un delito
de prevaricación, dos contra la ordenación
del territorio, un delito contra el medio
ambiente, uno relativo a la protección
de la flora y la fauna y otro consumado
de omisión del deber al permitir
la destrucción de 20.000 ejemplares
de la planta protegida Androcymbium europaeum,
al autorizar y consentir en octubre de 1998
que la empresa Círculo Agroambiental
SL instalara una tubería subterránea
en una pradera de esta especie protegida
en el Barranco de Curría, dentro
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Tras una denuncia presentada por Ecologistas
en Acción y la asociación
Amigos del Parque, el pasado mes de octubre
se celebraba el primer juicio por estos
hechos. Fue una gran sorpresa cuando el
juez encargado del caso, Sr. Luis Miguel
Columna Herrera, expulsó a los abogados
de las dos asociaciones de la sala aduciendo
que sus escritos de acusación se
habían presentado fuera de plazo
(lo que no era cierto) y que, por tanto,
no existía acusación ni denuncia
alguna. A continuación, en lugar
de sobreseer el caso y no celebrar el juicio
por no existir acusación, el juez
decidió llevarlo a cabo sin acusar
de nada a los responsables de medio ambiente,
dictó sentencia inmediata in voce
absolviendo de no se sabe qué cargos
a los encausados y además declaró
firme la sentencia, es decir, sin posibilidad
de recurso.
Los abogados de las asociaciones presentaron
recurso de apelación contra su expulsión
y contra la sentencia pidiendo la nulidad
del juicio. En febrero se conocía
que la Audiencia Provincial de Almería
les había dado la razón, por
lo que el juicio tendrá que celebrarse
nuevamente. En el entreacto el fiscal de
Medio Ambiente, que nunca acusó a
los responsables de la administración
de delito alguno, dimitió de su cargo.
OTROS
IMPACTOS EN EL LITORAL
Acuamed,
empresa pública gestionada por el
Ministerio de Medio Ambiente, ha planteado
la construcción de una tubería
para conectar la desaladora de Carboneras
con un depósito situado en Sopalmo.
Para ello será necesario destruir
un kilómetro y medio de acantilados
volcánicos de la playa de El Algarrobico
(a un kilómetro del famoso hotel),
en una zona que está catalogada como
de máxima protección dentro
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
La opción elegida por Acuamed facilita
la construcción de viales en zonas
protegidas y hasta ahora inaccesibles de
la localidad almeriense de Carboneras, lo
que sin duda beneficiará las intenciones
en materia urbanística que existen
en esta zona. Los acantilados son parte
de terrenos pertenecientes a Ramón
Ruiz, constructor del hotel de El Algarrobico.
Andalucía
cuenta con 43 puertos deportivos
(2 en Granada, 8 en Huelva, 9 en Almería,
11 en Málaga y 13 en Cádiz)
con capacidad para cerca de 17.000 amarres.
A pesar de contar con tan elevado número
de instalaciones, la Consejería de
Obras Públicas se ha propuesto alcanzar
los 32.000 amarres mediante la ampliación
de los puertos ya existentes (57 actuaciones)
y la construcción de seis nuevos
puertos. Roquetas de Mar tendrá
sus ampliaciones terminadas este año.
Carboneras y Garrucha, serán los
siguientes. A corto plazo, la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía proyecta
29 actuaciones para construir 9.051 nuevos
puntos de atraque. Cuatro proyectos
se localizan en la provincia de Almería
(1.427 nuevos amarres).
Otra
de las grandes amenazas para el litoral
andaluz es la contaminación.
El último inventario elaborado por
la Consejería de Medio Ambiente sobre
vertidos contaminantes señala que
a lo largo de la costa de Almería
hay localizados 127 vertidos autorizados
por la Junta que vierten aguas residuales
industriales, agrícolas y urbanas.
De especial importancia resultan los vertidos
realizados a través de emisarios
submarinos, tuberías o conducciones
que se adentran en el mar liberando aguas
residuales en ocasiones deficientemente
depuradas. La propia administración
andaluza reconoce que muchos de estos vertidos
carecen de autorización:
Almería
12 emisarios 6 sin autorización (5
de ellos en trámite).
VERTIDOS
A TRAVÉS DE EMISARIOS SUBMARINOS
EN ALMERÍA
MUNICIPIO - NATURALEZA DEL VERTIDO - AUTORIZACIÓN
Adra
Tres emisarios submarinos para aguas residuales
Sin autorización (en trámite)
Pulpí
Aguas residuales urbanas de San Juan de
los Terreros y Pilar de Jaravía
Autorizado
Garrucha
Aliviadero de emergencia de la Estación
de Bombeo de Aguas Residuales Gasolinera
Sin autorización (en trámite)
El
Ejido
Aguas residuales urbanas
Sin autorización (en trámite)
Mojácar
Aliviadero de emergencia de la Estación
de Bombeo de Aguas Residuales Los Tamices
Autorizado
Carboneras
Aliviadero de emergencia de la Estación
de Bombeo de Aguas Residuales Carboneras
Autorizado
Roquetas
de Mar
Cuatro emisarios submarinos de aguas residuales
urbanas y aliviaderos de emergencia
Sin autorización
Fuente:
Junta de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente
En
otros casos, la situación es tan
grave que tiene que actuar la justicia.
En diciembre se conocía la sentencia
de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea contra el Ayuntamiento
de Vera, la Junta de Andalucía y
el Estado español por incumplimiento
de la normativa europea de depuración
de aguas residuales en la zona del río
Antas y la rambla de Mojácar.
La Comisión Europea ha advertido
a España que emprenderá medidas
legales.
PUNTOS
NEGROS EN EL LITORAL ANDALUZ. Almería
37.
Adra. Tres emisarios con vertidos de
aguas residuales sin autorización.
38. El Ejido. Emisario submarino
de aguas residuales sin autorización.
39. Roquetas de Mar. Plan de urbanismo
que plantea la construcción de 20.000
viviendas. Acantilados de Aguadulce: 440
viviendas. Cuatro emisarios submarinos de
aguas residuales urbanas sin autorización.
Ampliación del puerto deportivo.
Construcción de urbanización
y campo de golf en el entorno del Paraje
Natural de Punta Entinas- Sabinar en la
playa Serena Sur.
40. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar:
amenaza de construcción sobre 200
hectáreas.
41. Níjar. Plan de urbanismo
que plantea la construcción
de 20.000 viviendas. Agua Amarga: alcalde
y concejal de Urbanismo en ese momento imputados
por delito urbanístico. Marinas de
Agua Amarga: urbanización de 48 hectáreas
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
42. Carboneras. Hotel ilegal en paraje
El Algarrobico pendiente de demolición.
Fincas La Loma de La Cañada y Torre
del Rayo: vendidas por el ayuntamiento y
recalificadas siete meses después.
Ampliación del puerto deportivo.
43. Mojácar. 10.000 nuevas
viviendas. Playa Macenas: destrucción
de rambla para construir 1.400 viviendas,
hotel y campo de golf. El ayuntamiento ha
solicitado la desprotección de tres
LICs.
44. Garrucha. Ampliación del
puerto deportivo. Vertidos sin autorización
de la Estación de Bombeo de aguas
45. Vera. Plan de urbanismo que plantea
la construcción de 118.000 viviendas.
46. Cuevas del Almanzora. Plan de
urbanismo que plantea la construcción
de 148.000 viviendas.
Versión
íntegra del informe:
http://www.greenpeace.org/espana/reports/destrucci-n-a-toda-costa-2007
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