El Parlamente europea aprueba el informe Auken

LA APROBACIÓN DEL INFORME AUKEN OBLIGA A CAMBIAR EL MODELO URBANÍSTICO EN ESPAÑA

Hoy el Parlamento Europeo ha aprobado por mayoría (349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones) el informe Auken sobre el urbanismo masivo en España. El eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein ha declarado que:

"De nada ha servido los intentos desesperados y sin argumentos del PP y del PSOE para evitar el reconocimiento político europeo de lo obvio: el modelo español de urbanismo choca con la legislación europea y vulnera los derechos de las personas y del medio ambiente. Ya no valen
defensas patrioteras; ahora toca hacer cambios legales y tomar medidas visibles para mostrar a los europeos que el Estado Español y los gobiernos autonómicos toman en serio las críticas recibidas a lo largo de los últimos 5 años. Para recuperarse de esta mala imagen y palpable
realidad, urge la acción no palabras defensivas."

Y añade: "La aprobación del informe Auken manda un claro mensaje político y jurídico a la sociedad y gobiernos centrales, autonómicos y municipales, ya que hace una llamada a las instituciones españolas y a las europeas para que se actúen con toda su fuerza y legitimidad contra la borrachera urbanística que ha sufrido España durante los últimos años, y que además resulta ser una de las causas principales de la dura crisis económica que sufrimos. Habrán de tomar buena nota del mismo los ayuntamientos, los juzgados, los gobernantes, los
legisladores, y hasta la misma Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia, que tramitan distintas denuncias relacionadas con los abusos urbanísticos".

Oficina del Eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein

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Enlaces en la prensa:

Otro golpe de Europa al modelo valenciano del urbanismo salvaje
El Parlamento Europeo describe una red de corrupción generalizada
El País - 27/03/2009. R. M. RITUERTO / C. VÁZQUEZ

Los diez azotes de Auken al ladrillo español
La Comisión no ha actuado con la suficiente firmeza', señala su informe
Las demoliciones de viviendas están siendo arbitrarias, dice la eurodiputada
El Mundo - 26/03/2009

Bruselas amenaza con congelar los fondos europeos a España si no detiene los abusos urbanísticos
"Se ha generado una forma endémica de corrupción", dice. Además, llama a suspender todos los desarrollos que no respeten el medio ambiente
Público - 26/03/2009. DANIEL BASTEIRO

La Eurocámara acusa a alcaldes y constructores de la especulación
ABC - 27-3-2009. MARIBEL NÚÑEZ

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> descargar el informe AUKEN

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Resumen del informe Auken o la resolución de la vergüenza

Este informe reconoce las competencias de la UE para recibir las quejas de los ciudadanos comunitarios que hayan podido ver vulnerado su derecho de propiedad en cualquiera de los Estados de la Unión. En concreto, en relación con lo sucedido en la Comunidad valenciana, dice:

“La Comisión de Peticiones, en respuesta al número ingente de peticiones recibidas, ha llevado a cabo investigaciones detalladas, ha informado en tres ocasiones de la magnitud de los abusos de los derechos legítimos de los ciudadanos europeos sobre sus bienes legalmente adquiridos en España, y expresaba también su inquietud acerca del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el suministro y la calidad de las aguas, así como con respecto a los procedimientos de contratación pública, por lo general en relación con las deficiencias en el control de los procesos de urbanización por parte de las autoridades de comunidades autónomas y locales en España”.

El informe reconoce que, aunque “las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos europeos, que han conllevado daños irreparables a la biodiversidad y la integridad medioambiental de muchas regiones de España; considerando que, sin embargo, el Parlamento ha observado que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos”.

En el citado informe se recoge que “la Comisión, a instancias de la Comisión de Peticiones, ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativa por parte de las autoridades competentes en materia de agua y de las autoridades en materia de cuencas fluviales, cuya aprobación está pendiente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia” y reconoce que la Comisión Europea hasta el momento no ha actuado con la suficiente firmeza, pese a que “las sucesivas visitas realizadas por la Comisión de Peticiones (a España) en el marco de la investigación han indicado que, con frecuencia, muchas autoridades locales y regionales malinterpretan gravemente estos objetivos (de protección ambiental comunitarios) (no solo en las regiones costeras) a la hora de proponer o acordar programas urbanísticos extensos; considerando que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor; considerando asimismo que hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión”.

Así mismo el informe constata que “las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones de tal forma que han afectado no sólo al frágil medio ambiente costero, la mayor parte del cual está nominalmente protegido en virtud de la Directivas sobre hábitats 1/Natura 2000 y aves, sino también a la actividad social y cultural de muchas zonas, lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado”.

Por todo ello, se “pide a las autoridades regionales competentes que declaren una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente”.
Y se recuerda al Estado español que la Directiva de evaluación de impacto ambiental y la Directiva de evaluación ambiental estratégica imponen la obligación de consulta al público implicado en la fase de establecimiento y elaboración de los planes, y no —como tan a menudo ocurre en los casos en que se llama la atención de la Comisión de Peticiones— una vez la autoridad local ha acordado los planes de facto; recuerda, en el mismo contexto, que cualquier modificación sustancial efectuada en los planes existentes debe también respetar este procedimiento y que los planes deben ser actuales, estadísticamente precisos y estar actualizados”.

Así mismo, “recuerda que la Comisión está facultada por el artículo 91 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE; y que el Parlamento Europeo, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y  los principios que está obligado a respetar, sea con arreglo al Tratado o como consecuencia de la aplicación del Derecho comunitario, hasta el momento en que el problema se haya resuelto”.