El Algarrobico: una de cal y dos de arena

Una de cal
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería publicó el 12 de enero la normativa urbanística íntegra que clasifica el paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección, un documento de 113 páginas con el que el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, cumple el ultimátum judicial y se libra de las multas coercitivas personales que le amenazaban.
La publicación formaliza definitivamente la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptar las Normas Subsidiarias municipales a las sentencias judiciales.
Esta inserción legal era el último requisito exigido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para dar por ejecutada la parte urbanística del fallo.
Con este paso, el Ayuntamiento corrige la maniobra realizada el pasado mes de septiembre, cuando intentó solventar el trámite mediante la publicación de un mero anuncio con un enlace web, algo que los magistrados rechazaron de plano por no ajustarse a la legalidad. En esta ocasión, el BOP recoge el articulado completo, con lo que se blinda jurídicamente la imposibilidad de construir en la zona donde se levanta el polémico hotel de Azata del Sol.

Foto: ​Hotel del Algarrobico © JMJH

Dos de arena
El cumplimiento de esta orden judicial se produce horas después de que el Ayuntamiento no cumpliera a tiempo el otro gran frente administrativo que tiene abierto: la revisión de oficio de la licencia de obras.
Tal y como denunció Greenpeace, el expediente para anular el permiso de construcción caducó el 11 de enero, al cumplirse los seis meses sin resolución, debido a que el Consistorio envió la documentación incompleta al Consejo Consultivo de Andalucía.
Así, mientras el alcalde ha logrado salvar su responsabilidad penal y patrimonial en lo referente al PGOU, se enfrenta ahora a la petición de los ecologistas para que el TSJA le obligue a reiniciar desde cero el expediente de la licencia, lo que prolonga aún más la maraña administrativa que envuelve al hotel veinte años después de su paralización.
Este paso, el de la anulación de la licencia de obras, es esencial y, por tanto, la resolución definitiva del conflicto sigue pendiente.

Foto: Hotel del Algarrobico © JMJH

Y otra cuestión también abierta pero no solventada: la expropiación.
El proceso de expropiación en tramitación, hay que recordar, afectaría solo al 50 % del edificio. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) únicamente tiene competencias en el dominio público marítimo-terrestre que ocupa el macrohotel.
El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo es competencia de la Junta de Andalucía, que no ha seguido la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio.
En el curso del procedimiento de expropiación, el Miteco ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S. L., la promotora del Algarrobico. Según se publica en los medios, esta reclama 44,5 millones de euros de indemnización por la expropiación forzosa del suelo donde se erige el macrohotel ilegal. Parece que el Ministerio ofrece una suma infinitamente inferior: 16.496,67 euros.
Obviamente, las posturas están más que separadas. Si persisten las discrepancias, el expediente pasará entonces a manos de un Jurado Provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra de indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía administrativa y, a partir de aquí, cabe recurso ante los tribunales. Los actores que participan en el procedimiento ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo contencioso-administrativo.
En definitiva, se ha producido un avance importante desde el punto de vista urbanístico para el fin de la edificación ilegal, pero persiste, desgraciadamente, una intricada senda jurídica repleta de intereses que retrasan y complican la ansiada demolición, a pesar de las promesas de los responsables políticos.

Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar