El anteproyecto de ley para la Gestión Ambiental de Andalucía

El anteproyecto de ley para la Gestión Ambiental de Andalucía afronta el análisis de las alegaciones. Los ecologistas alertan sobre una posible merma en las garantías ambientales, el debilitamiento del control público y una mayor privatización en la gestión de inspecciones y sanciones.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía avanza en el análisis de las alegaciones presentadas al anteproyecto de la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), norma que aspira a actualizar, tras 17 años de vigencia, la actual Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (GICA) y su desarrollo normativo a la realidad medioambiental actual de Andalucía.
La ley, que se organizará en nueve títulos con 194 artículos y varias disposiciones, incluye un régimen sancionador y la creación de un registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental. Según sus promotores, además, la ley separa el procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de prevención, publicándolos de forma independiente y sin posibilidad de recurso, lo que simplifica y clarifica los procesos.
Otra de las figuras que contempla es la licencia ambiental de competencia municipal. Con ella se reducirá el plazo de la anterior calificación ambiental a tres meses. Junto a ello, en busca de reducir burocracia, se pretende reducir las categorías necesarias para la licencia ambiental y el aumento de actividades que podrán gestionarse con declaraciones responsables.
Del mismo modo, la ley revisa los plazos para la obtención de autorizaciones ambientales, reduciendo el tiempo de tramitación de ocho a seis meses, y fortalece la protección frente a la contaminación ambiental en sus formas: atmosférica, acústica, lumínica y del suelo.
Asimismo, el nuevo texto legal “viene a reforzar el acceso a la información pública y a promover la educación y sensibilización ambiental como ejes de una sostenibilidad compartida”. Así, ha tendido de nuevo la mano a los agentes sociales, precisando que “la creación del futuro Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que reemplazará al actual CAMA, persigue promover un diálogo más efectivo y constructivo entre la administración, los agentes sociales y económicos y la sociedad civil.

Foto: El Playazo © Oscar Molina

Alegaciones de Ecologistas En Acción
Para el grupo Ecologista en Acción, a pesar de que la futura ley se postule como un avance respecto a la ley anterior, no es una ley integral, porque la prevención, el control y la evaluación de los recursos hídricos quedan al margen, al igual que la ordenación territorial y lo relativo a la economía azul. En su opinión resulta incongruente que una Consejería que ha abandonado las competencias en materia de agua y de economía azul pretenda regular las actuaciones en esas tres áreas de forma integral y omnicomprensiva, cuando carece de la atribución de responsabilidades. Por otra parte, no deja de ser significativa la pérdida de la palabra “integral” que contenía la antigua GICA, en indicación a que se renuncia a integrar a todo plan, proyecto y programa en la perspectiva de la calidad ambiental.
Con respecto a la “simplificación administrativa”, con unas nuevas Autorizaciones Ambientales Unificadas Simplificadas, en opinión del grupo ecologista, esto puede representar un retroceso en garantías ambientales.
En las alegaciones presentadas también se hace referencia a las atribuciones del nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente que se limitará a “proponer, asesorar, emitir informes…”, sin poder intervenir en el diseño de las políticas ex ante, no a posteriori.
Se critica que la fiscalidad ambiental se reduzca a una mera concesión de posibles “incentivos” a las empresas con desempeño ambiental, obviando las múltiples fórmulas que tanto la Administración local como la autonómica tienen para favorecer conductas responsables y disuadir aquellas que ponen en riesgo el medio ambiente. La ecoinnovación, en la nueva ley, según Ecologistas en Acción, se limita a un escueto objetivo aspiracional, restringiendo la economía circular a una posibilidad y no una exigencia; las mejores técnicas disponibles no figuran como una herramienta de obligado cumplimiento para asegurar la producción limpia.

Foto: Desde La Amatista © Oscar Molina

Que la sobrecarga de trabajo de los servicios técnicos de la Consejería no vaya acompañada de medidas de refuerzo, sino de una externalización de funciones en entidades colaboradoras con la Administración, que podrán tener capacidades inspectoras, significa para el grupo ecologista un retroceso en la función disuasoria y preventiva de la potestad sancionadora de la Administración, de forma que se podría quitar la sanción que corresponda y sustituirla por restaurar. De aprobarse, las infracciones saldrían muy ventajosas, por mucho que enfatice la norma que por la misma cuantía.
La llamada, en la nueva ley, prestación ambiental sustitutoria representa un abandono por parte de la Administración de su potestad y de su obligación sancionadora. Es permitir a los infractores que eludan el pago o inflen presupuestos de proyectos de restauración, educación ambiental o mejora, dejando de ingresar en las arcas públicas el dinero proporcional al daño causado.
Uno de los aspectos más negativos de la norma en proyecto es la sustitución de las labores hasta el momento encomendadas a la Administración Pública y, por ende, a sus funcionarios, de “actuaciones de verificación y control de las actividades” así como de las “tareas de vigilancia, el control y seguimiento, y apoyo a la inspección ambiental” a las entidades colaboradoras. Se trata de una privatización del servicio público en favor de las entidades privadas.
En definitiva, esta ley que pretende “establecer un marco jurídico garante de un alto nivel de protección del medio ambiente”, dista mucho de esa finalidad. Lo que sí consigue con esta norma la Junta de Andalucía es establecer un alto nivel para blindar la actividad económica, que se suprimen controles, se privatizan otros y hace corresponsable de la protección a la propia sociedad civil, en un quitarse de en medio irresponsable.

Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar