Pocas veces nuestra asociación ha traspasado la barrera de la causa ecologista y las fronteras de nuestro parque. Lo hicimos una vez para sumarnos a la esperanza colectiva de que un mundo mejor es posible y lo hacemos hoy para compartir nuestras dudas y temores por lo que representa el caso Garzón.

El juez Garzón ha dejado de ser una personalidad a la que se podía criticar, por ser un juez estrella, porque ha superado los límites de lo jurídico para abordar como un ángel exterminador el tema del terrorismo, que es algo diferente desde que él centró su atención en esa cuestión, que se alió con el PSOE y abandonó de inmediato, dicen las malas lenguas que porque le ofrecieron poco cargo. En fin, habría más de un motivo para que no fuera santo de nuestra devoción.

Pero todo ello ha quedado atrás. La solidaridad más sincera y la indignación más profunda han hecho circular por la red manifiestos, adhesiones y reflexiones. Muchos españoles han hecho causa común, como en aquellas manifestaciones contra la guerra, y gentes próximas y lejanas de otros países comparten nuestro sentir y nuestro pesar.

La repulsa no es porque los jueces sean intocables, como la monarquía. Eso no debe suceder en un Estado de Derecho, donde por definición y en esencia la ley ha de ser igual para todos, y todos quiere decir TODOS. Del incumplimiento de la ley debe derivarse, invariable e igualitariamente, la sanción jurídica. Y ése todos a una -o casi todos- en el tema de Garzón quizás sea porque sin teorización alguna, mucha gente hemos intuido un olor a caza de brujas.

A veces los jueces cometen delitos y son procesados, algunos ejemplos tenemos en nuestro país; otras veces mueren asesinados, sufren persecución y represalias cuando indagan en las cloacas de los poderes fácticos, desenmascaran al poder corrupto o se aventuran en las finazas de las grandes corporaciones. Pero es difícil encontrar algo parecido a lo que está sucediendo con Garzón. Que esa persecución, tan a las claras, esté dirigida por los mismos jueces no es propio de un país que dejó atrás el totalitarismo. ¿O tal vez no es sólo una página de nuestra historia de la que no nos sentimos orgullosos? Que el procesamiento de Garzón tenga que ver con la exhumación de cadáveres del franquismo, nos obliga a reflexionar.
El procedimiento abierto contra Garzón es irregular en todo. Ocupando el papel de acusador, una serie de colectivos de catadura ideológica más que dudosa y probablemente fuera de los márgenes constitucionales; unos jueces que parecen actuar en connivencia con la acusación y, además, que para salvar tanto despropósito, no se haya dejado que el juez Garzón se exilie, peor que peor.

Respecto al fondo del asunto, más estupor. Obligado es saldar las cuentas del pasado. Enterrar los cadáveres, identificar los crímenes y reparar el honor de los injustamente ajusticiados, no parece una cosa ilegal. Muy al contrario, es una deuda que otros países han sabido y querido pagar. Sin embargo, la ley de amnistía de 1977, que viola algún tratado internacional, impone el silencio y el olvido. Renunciamos a la memoria histórica y cerramos todo acceso a los crímenes del franquismo y, de paso, también a los del bando perdedor. Eso ha resultado ser. Comulguemos con ruedas de molino y convengamos en que dicha Ley también prohíbe la exhumación de cadáveres, que no es algo tan claro ni mucho menos en el texto de la Ley. Ya sabemos que dos y dos en derecho rara vez suelen ser cuatro. Admitamos incluso que Garzón se ha equivocado y que no debió ir por ese camino -o que no tenía competencia para ello porque correspondía a otros jueces- o que el fiscal no estaba de acuerdo, de ahí a prevaricar hay un abismo; más bien, es imposible. Que un juez se equivoque en compañía o no con la fiscalía, lo resuelve el derecho estableciendo los recursos contra las sentencias y permitiendo que uno o más jueces valoren la idoneidad de la sentencia que se dictó. La perplejidad es soberana cuando al equivocado Garzón se le persigue y procesa, se le impide incluso su salida honrosa del país. Lo mismo podría hacerse con todos los jueces a los que el tribunal superior les corrige la plana. Sucede todos los días ¿significa eso que todos prevarican y que han de ser procesados? En una semana tendríamos reducida la judicatura a alguna muestra testimonial, que no duraría otra semana más.

Algo huele mal, no cabe duda. ¿Será quizás que aquellos compromisos que se asumieron con la tan cacareada y ejemplar transición política no eran tan correctos y ahora dejan sentir sus consecuencias? Buena, buena no fue. Para jueces, políticos y funcionarios no existió transición alguna. Todos permanecieron en sus puestos, sentados en el parlamento -algunos nos quedan- en los juzgados y tribunales y en todos los puestos de la administración. A ninguno se le sometió ni tan siquiera al acto formal de acatar la Constitución, salvo a los políticos. Pero tampoco valdría de mucho, puesto que ya antes habían acatado y jurado por dios las leyes del franquismo, que son del todo incompatibles con las actuales. Jurar o prometer después la Constitución o los convierte en perjuros y, olvidándonos de cualquier tipo de lealtad, no impediría que mañana, al año próximo o cuarenta años después puedan volver a jurar o a prometer cualquier otra cosa, y otra, y otra...

Haber colaborado con el nazismo en Alemania tiene unas consecuencias muy, pero que muy distintas, lo vemos con frecuencia.

¿Quién no ha pensado que a Garzón todo esto le pasa por no casarse con nadie, ni con el PP ni con el PSOE?

¿En manos de quién estamos? ¿Quién vela en nuestro país por los derechos y libertades públicas? ¿Dónde queda nuestro derecho constitucional a un juez imparcial? ¿Qué pasará con nuestra pobre e intrascendente causa ecologista, esa que siempre toca los intereses de los poderosos?...

María del Mar Ruiz